Sentencia N° 298 — Sala Constitucional del TSJ, 20 de marzo de 2009

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo interpuesta por el abogado Juan Castillo en representación de Hugo Freddy Colmenares Núñez, debido a la falta de facultades del apoderado judicial para interponer dicha acción. Se argumenta que el poder otorgado al abogado solo le permitía actuar en un juicio laboral y no en un amparo constitucional, que es un proceso autónomo. Además, se señala que la falta de representación adecuada es causal de inadmisibilidad según la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

Para la interposición de un amparo constitucional, cualquier persona que considere haber sido víctima de lesiones constitucionales, que reúna las condiciones necesarias para actuar en juicio, puede ser parte actora en un proceso de ese tipo. Sin embargo, al igual que para cualquier otro proceso, si ese justiciable, por más capacidad procesal que posea, no puede o no quiere por su propia cuenta postular pretensiones en un proceso, el ius postulandi o derecho de hacer peticiones en juicio, deberá ser ejercido por un abogado que detente el derecho de representación, en virtud de un mandato o poder auténtico y suficiente. Así las cosas, para lograr el ‘andamiento’ de la acción de amparo constitucional, será necesario por parte del abogado que no se encuentre asistiendo al supuesto agraviado, demostrar su representación de manera suficiente; de lo contrario, la ausencia de tan indispensable presupuesto procesal deberá ser controlada de oficio por el juez de la causa mediante la declaratoria de inadmisibilidad de la acción…

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado Juan Castillo, con el carácter de “Apoderado Judicial” del ciudadano HUGO FREDDY COLMENARES NÚÑEZ contra el fallo dictado el 3 de octubre de 2007, por el Juzgado Noveno Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.