Sentencia N° 296 Constitucional TSJ 2000: Argentina Victoria Dominguez — Amparo constitucional a favor de Argentina Victoria…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia en el procedimiento de amparo constitucional propuesto por Argentina Victoria Domínguez contra una medida de aseguramiento de bienes. La Sala declaró con lugar el amparo, argumentando que la medida de aseguramiento dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Penal excedió su tiempo permitido y vulneró el derecho de propiedad de la demandante. Se destacó que la medida no podía mantenerse indefinidamente y que la propiedad de los bienes había sido declarada a favor de la demandante por homologación de la dación en pago.

La abrogada Constitución de la República de Venezuela de 1961, vigente para la fecha de los hechos de que trata este amparo, en su artículo 99 garantizaba el derecho de propiedad, el cual solo estaba sometido a las restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública e interés general. Una norma similar es la contemplada en el artículo 115 de la vigente Constitución que garantiza el derecho de propiedad, con sus atributos, y que reza que 'La propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general'. La garantía al derecho de propiedad solo queda limitada o alterada en base a disposiciones legales que así lo contemplen, por lo que las normas que establezcan estas limitaciones son de interpretación restrictiva, debido a que ellas resultan puntuales. En el proceso penal regido por el Código de Enjuiciamiento Criminal se hace necesario determinar cuáles medidas de los jueces penales podían afectar el derecho de propiedad, sobre todo porque son muchos los recursos de amparo que conoce esta Sala, que giran alrededor de esa temática. De allí; que sea necesario analizar cuales bienes podía aprehender el juez penal, y que medidas podía dictar sobre ellos. Conforme al principio de obtención coactiva de los medios de prueba, en el proceso penal podían ocuparse o incautarse (asegurarse) los siguientes bienes muebles: a) Aquellos que eran objetos activos y pasivos de la perpetración del delito que fueran a ser sometidos a reconocimientos, experticias, fotografías y otras probanzas. b) Los bienes que conformaban el cuerpo del delito, con los cuales se cumplía un doble propósito, el de ser recuperados y, además, el de servir de elementos probatorios. Este era el caso, por ejemplo, del dinero falso que se incautaba en los delitos de falsificación de moneda. c) Los bienes sujetos a decomiso, los cuales –pudiendo ser a su vez el cuerpo del delito- serían destruidos, o desposeídos definitivamente con relación a sus poseedores, (comisos previstos, por ejemplo, en el artículo 104 de la Ley Orgánica de Salvaguarda del Patrimonio Público, o en la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas). d) Los bienes que eran parte integrante de la perpetración del delito y que se aseguraban para que el mismo no continuase extendiendo sus efectos. Con respecto a los inmuebles, la situación era semejante, ya que ellos podían ser sometidos a exámenes periciales, reconocimientos policiales o judiciales; o ser objeto de medidas de aseguramiento, o de limitaciones a la propiedad, como sería la prohibición de innovar su estado físico.

CONFIRMA la decisión de fecha 9 de noviembre de 1998 dictada por la Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar el amparo incoado por Argentina Victoria Domínguez contra medida de aseguramiento dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda de Patrimonio Público de la misma Circunscripción Judicial. Conforme al artículo 27 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ofíciese al Inspector General de Tribunales, a fin de que califique la posibilidad de existencia de faltas disciplinarias de la ciudadana María Eugenia Oporto, que fue la juez que decretó la medida. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.