Sentencia N° 2934 — Sala Constitucional del TSJ, 27 de noviembre de 2002

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un amparo constitucional interpuesto por Mirla Tirado contra Meyrlen López, Presidenta del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, por la supuesta violación de sus derechos a la defensa y al trabajo. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declarado procedente el amparo, pero la Sala Constitucional, al revisar el caso, determinó que el recurso de nulidad era el medio adecuado para el restablecimiento de la situación jurídica infringida, y no el amparo constitucional.

Para la decisión, la Sala observa que la sentencia objeto de consulta declaró procedente el amparo que se incoó porque consideró que hubo la violación del derecho constitucional a la defensa, toda vez que la demandante no tuvo oportunidad para la presentación de alegatos y pruebas ante el hecho que se le imputó y por el cual, luego, se le “removió” del cargo de Alguacil del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar. Ahora bien, esta Sala observa que se intentó un amparo autónomo contra un acto administrativo, mediante el cual se “removió” a la ahora demandante en amparo. En estos casos, en el que el hecho lesivo está representado por un acto administrativo, esta Sala ha considerado que el medio idóneo para el restablecimiento de la situación jurídica infringida no es el amparo constitucional sino el recurso de nulidad, por cuanto el Juez contencioso administrativo cuenta con amplios poderes para el logro del restablecimiento que se pretende con fundamento en lo que establece el artículo 259 constitucional, según el cual: “(l)os órganos de la jurisdicción contencioso administrativa son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder; condenar al pago de sumas de dinero y a la reparación de daños y perjuicios originados en responsabilidad de la Administración; conocer de reclamos por la prestación de servicios públicos; y disponer lo necesario para el restablecimiento de las situaciones jurídicas subjetivas lesionadas por la actividad administrativa”.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia que fue objeto de consulta, que dictó la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 5 de abril de 2001 y declara INADMISIBLE la demanda de amparo que interpuso la ciudadana MIRLA TIRADO, con la asistencia de la abogada Celeste Rodríguez Pinto, contra la ciudadana Meyrlen López, en su carácter de Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar. Sin embargo, la Sala REABRE, para la quejosa, del lapso de impugnación del hecho lesivo en sede contencioso-administrativa, a partir de la notificación que a ella se hará de esta decisión, y mantiene los efectos de la decisión que la favoreció hasta que se produzca un pronunciamiento cautelar respecto del acto que señaló como lesivo, en sede contencioso-administrativa. Esta extensión de la protección que le proporcionó el mandamiento de amparo que dictó a su favor la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo decaerá, sin necesidad de ulterior pronunciamiento, si la quejosa no interpone tempestivamente el recurso contencioso administrativo de anulación correspondiente.