Sentencia N° 291 — Sala Constitucional del TSJ, 16 de abril de 2013

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisó la solicitud de revisión de la sentencia del 6 de abril de 2010, donde la Sala Político Administrativa declaró 'SIN LUGAR' el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por Leonel Alfonso Ferrer Urdaneta. La parte actora alegó violaciones a sus derechos constitucionales, incluyendo el derecho a la defensa y al debido proceso, en relación con la sanción de inhabilitación impuesta por el Contralor General de la República. La Sala Constitucional determinó que la revisión no constituye una nueva instancia y que la solicitud no cumplía con los requisitos para ser admitida, concluyendo que la decisión de la Sala Político Administrativa fue correcta y no violó derechos constitucionales.

Al efecto, la parte actora solicitó la revisión constitucional de la sentencia del 6 de abril de 2010, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia que declaró “SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por la abogada Isabel Cecilia Esté Bolívar, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano LEONEL ALFONSO FERRER URDANETA, antes identificados, contra la Resolución N° 01-00-000183 del 8 de agosto de 2007, dictada por el CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. En consecuencia, queda firme el acto recurrido. Precisado lo anterior, se observa que la parte actora fundamentó su solicitud de revisión constitucional, en la violación de los derechos constitucionales a la igualdad ante la ley, tutela judicial efectiva, debido proceso y a la defensa, al no haber la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declarado con lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido contra la Resolución N° 01-00-000183 del 8 de agosto de 2007, dictada por el Contralor General de la República, mediante la cual le impuso al ciudadano Leonel Alfonso Ferrer Urdaneta la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un período de diez (10) años. En el caso sub iudice, la parte solicitante persigue la revisión del acto decisorio a que se ha hecho amplia referencia, con argumentos que evidencian que se pretende el empleo de este medio de protección constitucional, como una nueva oportunidad de alegación y defensa de sus intereses, como si la revisión permitiese la posibilidad de otra instancia en un proceso que ya fue resuelto por un pronunciamiento definitivamente firme.

Por las razones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara NO HA LUGAR la solicitud de revisión interpuesta por el abogado LEONEL ALFONSO FERRER URDANETA, antes identificado, de la decisión del 6 de abril de 2010, dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.