Sentencia N° 289 Constitucional TSJ 2000: Margarita Alvarado de Cámara vs Gobernador del Distrito Federal

La ciudadana Margarita Alvarado de Cámara interpuso una acción de amparo constitucional contra un decreto de desalojo emitido por el Gobernador del Distrito Federal. La accionante alegó violaciones a sus derechos al debido proceso y a ser oída, argumentando que no se le permitió defender su condición de arrendataria. La Sala Constitucional, tras analizar el caso, declaró su incompetencia para conocer de la acción, indicando que el tribunal competente es el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

En el caso del Gobernador del Distrito Federal, su competencia no abarca todo el territorio de la República, pues sus potestades están circunscritas a los límites del Distrito Federal, de lo que se desprende, que el Gobernador del Distrito Federal, escapa al enunciado del artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales pues no tiene rango constitucional y mucho menos competencia en todo el territorio de la República. Por lo tanto, el deslinde competencial para el conocimiento de las acciones de amparo constitucionales debe ser hecho en fundamento al criterio de afinidad entre la materia natural del juez y los derechos o garantías denunciados como violados, por lo que, conforme a lo establecido en el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con el artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, son competentes para conocer en primera instancia de dichas acciones los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de las diferentes regiones.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el TRIBUNAL COMPETENTE para conocer de la acción de amparo interpuesta por la ciudadana MARGARITA ALVARADO DE CÁMARA contra el Decreto n°13 dictado, en fecha 15 de marzo de 2000, por el Gobernador del Distrito Federal, es el Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. En consecuencia, ORDENA la remisión del expediente al respectivo Juzgado distribuidor.