Sentencia N° 288 Constitucional TSJ 2000: José Jesús Herrera vs Corte de Apelaciones del Circuito Judicial…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado José Jesús Herrera en representación de los ciudadanos Vladimir Sarmiento Alvarado Rodríguez y Sorly Alvarado Rodríguez, contra la omisión de pronunciamiento de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara. La solicitud se fundamentó en la falta de respuesta a un recurso de amparo sobrevenido presentado el 18 de febrero de 2000, en el contexto de un juicio penal por el delito de valimiento de funcionario público. La Sala consideró que la acción de amparo cumplía con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y que no existían causales de inadmisibilidad. Se ordenó notificar a la Corte de Apelaciones y al Ministerio Público, fijando una audiencia dentro de las 96 horas siguientes a la notificación. Además, se declaró improcedente la medida cautelar solicitada para la libertad inmediata de los accionantes, debido a la falta de elementos suficientes para su concesión.

La Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial n° 36.860 del 30 de diciembre de 1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona. Destaca entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, el cual precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los mismos, aun de los que sean inherentes a la persona aunque no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo el cual “...será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad...”; tiene al respecto la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Ha precisado este Máximo Tribunal, en lo que se refiere a la determinación de las competencias de los tribunales de la República, que el constituyente dejó dicha función al legislador y que corresponde a este último distribuir entre los distintos órganos, conforme a los criterios que juzgue idóneos, las potestades del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia. En el caso de autos el abogado defensor de los ciudadanos Vladimir Sarmiento Alvarado Rodríguez y Sorly Alvarado Rodríguez señala que la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara “...NO HA PROCEDIDO A INICIAR EL PROCEDIMIENTO, NI HA CONVOCADO A LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL NI HA PROCEDIDO A LAS CITACIONES DE LEY...”, y agrega que está “...en presencia de una abstención de pronunciamiento y una inefable omisión del mandato constitucional, que en vez de ‘restablecer’ la situación denunciada como infringida la ha agravado, puesto que pasan los días y los derechos constitucionales en mis representados continúan lesionándose cada día”. Es decir, la acción de amparo fue interpuesta contra la falta de pronunciamiento de la referida Corte de Apelaciones.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por el abogado José Jesús Herrera, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 9.089, actuando en su carácter de defensor de los ciudadanos VLADIMIR SARMIENTO ALVARADO RODRÍGUEZ y SORLY ALVARADO RODRÍGUEZ, titulares de las Cédulas de Identidad nos. 7.398.562 y 9.616.006, respectivamente, contra la omisión de pronunciamiento de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de la Sala, de conformidad con el artículo 26 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales: Primero: Notificar al Presidente de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, para que concurra a enterarse del día y hora que fije la Secretaría de esta Sala para la audiencia constitucional, a fin de que exprese los argumentos que estime conveniente en relación con la acción de amparo interpuesta, anexando al respectivo oficio copia de la presente decisión y del escrito de solicitud. La ausencia en el acto del titular del referido Juzgado, no se presumirá como aceptación de las presuntas lesiones denunciadas. Segundo: Notificar al Ministerio Público sobre la continuación del procedimiento en la presente acción de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, anexando al respectivo oficio copia de esta decisión. Tercero: Fijar la audiencia oral dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a la última notificación que se haga del presente pronunciamiento. Respecto a la medida cautelar solicitada esta Sala declara su improcedencia sobre la base de la motivación antes expuesta. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.