Sentencia N° 284 Constitucional TSJ 2001: Rafael Marante Oviedo vs Unidad Educativa LOS Proceres de Lara S.R.L.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre una acción de amparo constitucional interpuesta por Rafael Marante contra una sentencia del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores del Estado Lara. La acción fue motivada por la alegación de violación de derechos a la defensa y al debido proceso en el juicio de cumplimiento de contrato de arrendamiento. La Sala revocó la decisión del Juzgado Superior, declarando que la acción de amparo era inadmisible por haber sido ejercida fuera del lapso establecido por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

La acción de amparo constitucional, conforme al artículo 27 de la vigente Constitución, y a los artículos 1 y 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tiene por fin impedir que una situación jurídica sea lesionada en forma irreparable, por la violación de derechos o garantías constitucionales de aquél que se encuentre en dicha situación, impidiendo que el daño a ella se cause (amenaza de infracción) o que no continúe, caso en que el amparo persigue se restablezca la misma situación existente antes de la lesión, o una semejante a ella, si no pudiera lograrse un restablecimiento idéntico. En materia de amparo constitucional, las sentencias que dicten en última instancia los tribunales distintos a la Sala Constitucional, sólo podrán ser objeto de amparo si ellas contienen infracciones a derechos y garantías constitucionales de las partes, que versen sobre un agravio no juzgado en dichas causas.

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por el abogado IVAN SANTANDER GARRIDO, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano RAFAEL MARANTE OVIEDO, contra la sentencia de fecha 6 de octubre de 1998, emanada del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, la cual se revoca. En consecuencia, quedan firmes la sentencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Lara de fecha 12 de agosto de 1998 que declaró sin lugar el amparo de la referida Unidad Educativa, así como la sentencia del Juzgado del Municipio Iribarren del Estado Lara de fecha 7 de julio de 1997, que declaró con lugar -en segunda instancia- la demanda incoada por el ciudadano RAFAEL MARANTE contra la Unidad Educativa Los Próceres de Lara S.R.L., y ordenó a ésta entregar el inmueble ocupado por ella en calidad de arrendataria.