Sentencia N° 2798 — Sala Constitucional del TSJ, 13 de noviembre de 2002

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una decisión en la que se ordena al Ministro del Interior y Justicia tramitar la jubilación solicitada por la ciudadana María Teresa Lusinchi, tras haber declarado parcialmente con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta. Se destaca que el Ministro no había cumplido con la orden en el plazo establecido, lo que llevó a la Sala a advertir sobre posibles sanciones por desacato.

Visto que han transcurrido diecisiete meses desde la oportunidad en que se publicó el fallo definitivo y tres meses desde la publicación del auto que ordena su acatamiento, sin que el Ministro del Interior y Justicia haya dado efectivo cumplimiento al mandamiento de amparo constitucional decretado, esta Sala deplora tal indiferente actitud, que podría subsumirse en el delito de desacato tipificado en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual, conforme al auto emitido el 17 de julio de 2002, se ordena a la Secretaría remitir al Fiscal General de la República, copia de todas las decisiones adoptadas por esta Sala en la presente causa, a los fines de que investigue sobre el posible desacato y abuso de autoridad en que habría incurrido el Ministro del Interior y Justicia en la ejecución de la decisión del 5 de junio de 2001 (Exp. 01-0211) y, en consecuencia, con estricto apego al derecho a la tutela judicial efectiva, establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, haga uso de las potestades que le confiere el ordenamiento jurídico venezolano para que no quede ilusoria la decisión en referencia.

ORDENA a la Secretaría de esta Sala remitir a la Fiscalía General de la República, copia de todas las decisiones adoptadas por esta Sala en la presente causa, a los fines de que investigue sobre el posible desacato y abuso de autoridad en que habría incurrido el Ministro del Interior y Justicia en la ejecución de la decisión del 5 de junio de 2001 (Exp. 01-0211) y, en consecuencia, haga uso de las potestades que le confiere el ordenamiento jurídico venezolano para que no quede ilusoria la decisión en referencia.