Sentencia N° 278 Constitucional TSJ 2000: Ana Consuelo Jaimes Delgado vs Sinforoso Caballero — La improcedencia de la acción de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por Ana Consuelo Jaimes Delgado en representación de Sinforoso Caballero, contra una decisión del Juzgado Segundo de Reenvío en lo Penal. La acción fue considerada manifiestamente improcedente al no cumplir con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La Sala argumenta que la parte actora confunde la ley aplicable y que la decisión impugnada no vulnera derechos constitucionales.

La acción de amparo constitucional está basada en la siguiente motivación, conforme se lee en el escrito que encabeza los autos, interpuesto en fecha 17 de septiembre de 1999: “Ciudadano Presidente y demás miembros de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la juez IVELYS DURAN YANEZ, en abierta violación a normas constitucionales y procedimentales ha confirmado autos de detención tomando como fundamento para ello, el artículo 69 de la ‘reformada Ley Orgánica de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas...’ La reformada Ley a que la Juez hace mención, en el artículo mencionado no se refiere en ningún punto a delito alguno, ni menos sanciona algo, pues el mismo solo habla de la prescripción en los delitos que esa Ley señala. En consecuencia, se evidencia que la Juez no solo ha violado principios de orden constitucional sino también disposiciones legales contenidas en otros ordenamientos jurídicos.” (Subrayado de la Sala). Situación que –según alega la parte accionante- vulnera derechos constitucionales consagrados en el artículo 60 de la Constitución de 1961. Es decir, se ataca en amparo la decisión del Juez Segundo de Reenvío en lo Penal por aplicación de un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica supuestamente inexistentes. Ahora bien, resulta claro para este Máximo Tribunal que la parte accionante confunde el término “reformada Ley”: pretende que se interprete como el texto vigente para el momento en que el mencionado Juez de Reenvío dictó su decisión, cuando está referido a la anterior Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, que fuera sustituida por la publicada en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela nº 4.636 Extraordinario de fecha 30 de septiembre de 1993. Es decir, el sentenciador en lugar de referirse a la para ese momento recién promulgada Ley especial, hizo mención al artículo 69 de la Ley derogada, cuyo texto disponía: “El que ilícitamente comercie, intervenga de alguna manera o se beneficie económicamente por sí o por interpuesta persona del producto de la comercialización ilícita de las sustancias o sus materias primas a que se refiere esta Ley, será penado con prisión de diez (10) a veinte (20) años...” (Vid. Gaceta Oficial nº 3.411 Extraordinario de fecha 17 de julio de 1984). En todo caso, la detención judicial fue decretada por encontrarse el accionante, junto con otras personas, incurso en la comisión del delito de “...BENEFICIO ECONÓMICO ILÍCITO DEL PRODUCTO DE LA COMERCIALIZACIÓN ILÍCITA DE LAS SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS...” supuesto de hecho igualmente previsto y sancionado por el artículo 34 de la vigente Ley, lo que permite asumir como un error material la indicación del artículo 69 de la ley derogada.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE, de plano, la acción de amparo constitucional incoada por la abogada Ana Consuelo Jaimes Delgado, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el nº 28.489, actuando en su carácter de defensora del ciudadano SINFOROSO CABALLERO contra la decisión dictada en fecha 13 de septiembre de 1999 por el Juzgado Segundo de Reenvío en lo Penal; en consecuencia, se ordena a la Secretaría de la Sala el archivo del expediente.