Sentencia N° 277 Constitucional TSJ 2001: Enilda Josefina Montero de Sanchez vs Sociedad Mercantil “LA VOZ DE LA VICTORIA”…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Enilda Josefina Montero de Sánchez, Presidenta de la sociedad mercantil 'La Voz de la Victoria' C.A., contra una sentencia del Juzgado Superior en lo Civil que había declarado con lugar una apelación interpuesta por Francisco Coromoto Lozano Romero. La Sala consideró que existían violaciones al debido proceso, dado que el Juzgado Superior había condenado a la demandada a pagar una cantidad superior a la demandada sin que esto hubiera sido solicitado en la demanda original. La Sala también se pronunció sobre la solicitud de medida cautelar, acordando la suspensión de la ejecución de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia hasta que se decidiera la acción de amparo. Se destacó la importancia de garantizar los derechos y garantías constitucionales de las partes involucradas en el proceso. Finalmente, la Sala ordenó notificaciones a las partes y fijó un plazo para la audiencia constitucional, reafirmando su competencia para conocer de la acción de amparo en cuestión.

Esta Sala debe previamente determinar su competencia para conocer de la presente acción, y a tal fin, observa que en sentencias dictadas por esta Sala en fecha 20 de enero de 2000 (casos Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), la misma se declaró competente para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las sentencias dictadas por los Juzgados Superiores, en los siguientes términos: '...Igualmente corresponde a esta Sala Constitucional, por los motivos antes expuestos, la competencia para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales'. En el caso que nos ocupa, ha sido incoada la acción de amparo constitucional contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, motivo por el cual, esta Sala, congruente con el fallo mencionado ut supra, se declara competente para conocer de la presente acción de amparo. Así se declara. Una vez determinada la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción, y al respecto, observa: Al examinar las actas que conforman el expediente, esta Sala ha podido constatar que la acción de amparo constitucional fue interpuesta en fecha 12 de enero de 2001 contra la sentencia dictada en fecha 8 de diciembre de 1999 por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua; por tanto resulta evidente que para la fecha en que se presentó el escrito contentivo de la acción de amparo, había transcurrido un (1) año, un (1) mes y cuatro (4) días, es decir, más del lapso de seis meses establecido en el artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Sin embargo, se debe observar que la disposición legal referida, establece: 'Artículo 6. No se admitirá la acción de amparo. …omissis… 4) Cuando la acción u omisión, el acto o resolución que viole el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente, por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurridos los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido'. Se desprende así de la norma transcrita que al establecer la inadmisibilidad de la acción de amparo por el consentimiento expreso o tácito, también se establece la excepción para aquellos casos en que no opera tal causal de inadmisibilidad, la cual obedece a que se evidencien violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. En el presente caso, el accionante señala que se le violó flagrantemente el derecho al debido proceso, y se le causó un daño grave, al haber acordado el Juez de Alzada más de lo pedido, extralimitándose en sus funciones, y vulnerar así el principio de seguridad jurídica. En tal sentido, la Sala observa que efectivamente se puede constatar en autos que la accionante fue demandada por cumplimiento de contrato y, en consecuencia, por la cantidad de un millón de bolívares (Bs. 1.000.000,00); que el Juez de Instancia, al conocer de dicha demanda acordó el pago de trescientos mil bolívares (Bs.300.000,00), e igualmente que al apelar de dicha decisión, fue condenada por el mismo concepto al pago de la cantidad de cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,00). Las circunstancias descritas permiten a esta Sala presumir la existencia de una violación al debido proceso, dada la posibilidad de que mediante la presente acción se llegase a determinar que el juez de alzada efectivamente no tenía competencia para establecer una cantidad superior a la demanda por concepto de daños morales, lo cual comporta una cuestión de orden publico, que informa la excepción para declarar admisible la presente acción de amparo, a tenor de lo dispuesto en el citado artículo 6 numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: 1.- ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por la ciudadana ENILDA JOSEFINA MONTERO DE SANCHEZ, en su carácter de Presidenta de la Sociedad Mercantil “LA VOZ DE LA VICTORIA” C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua. 2.- Se declara PROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada y, en consecuencia, se ACUERDA la suspensión de la ejecución de la sentencia de fecha 25 de abril de 1.991, dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, en el juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento, incoado por el ciudadano Francisco Coromoto Lozano Romero, contra la empresa La Voz de la Victoria C.A., a tal fin, se ORDENA a la Secretaría de la Sala que oficie al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, para que se abstenga de practicar actuación alguna relacionada con la ejecución del fallo en cuestión. 3.- Se ORDENA la notificación del ciudadano Juez Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, a fin de que esta Sala Constitucional, una vez que conste en autos dicha notificación, fije dentro de las noventa y seis (96) horas siguientes a ella, la oportunidad en que se llevará a cabo la audiencia constitucional. Asimismo, se ordena acompañar a la mencionada notificación, copia certificada de la presente decisión, así como del escrito respectivo. 3.- Se ORDENA la notificación del ciudadano Fiscal General de la República sobre la apertura del presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 4.- Se ORDENA se le notifique de la presente acción de amparo al ciudadano FRANCISCO COROMOTO LOZANO ROMERO, parte demandante en el juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento contra la empresa La Voz de la Victoria C.A., para que si lo estima procedente concurra a la audiencia pública a los fines de hacerse parte en la presente causa y exponer sus alegatos. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.