Sentencia N° 275 Constitucional TSJ 2001: Giuseppe Cottone vs Asociación de Distribuidores de Cauchos… — Acción de amparo…
TSJ/SC, Sent. N° 275, Exp. 00-3120, 02/03/2001 · 2 de marzo de 2001
Expediente00-3120
Parte actora / solicitanteGIUSEPPE COTTONE
Parte demandada / contraparteASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE CAUCHOS (ASOCAUCHOS)
PonenteJOSÉ M. DELGADO OCANDO
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2001-03-02
DecisiónCon Lugar
Resumen
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Giuseppe Cottone y la Cámara Nacional de Distribuidores de Cauchos contra la sentencia del Juzgado Superior Primero que declaró con lugar la acción de amparo presentada por varias empresas de cauchos. Los accionantes argumentaron que la decisión del juzgado violaba sus derechos a la libertad de expresión y al debido proceso, al imponer una prohibición general sobre sus declaraciones en medios de comunicación. La Sala consideró que la prohibición era inconstitucional y decidió suspender los efectos de la sentencia impugnada.
Extracto de la motiva
La presente acción de amparo constitucional ha sido dirigida contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 29 de agosto de 2000, mediante la cual se declaró con lugar la acción de amparo intentada por las empresas Bridgestone Firestone Venezolana, C.A., Goodyear de Venezuela, C.A. y Pirelli de Venezuela, C.A. contra la Asociación de Distribuidores de Cauchos (Asocauchos) y del ciudadano Giuseppe Cottone. Ahora bien, resulta necesario reiterar que en sentencia de fecha 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán vs. el Ministro y el Vice-Ministro del Interior y Justicia), esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dejó sentado que es competente “...para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia emanadas de los Tribunales o Juzgados Superiores de la República, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal que infrinjan directa e inmediatamente normas constitucionales” (Subrayado de la Sala). Ahora bien, la presente acción de amparo ha sido propuesta en forma autónoma contra una sentencia definitivamente firme dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, imputándosele violaciones de garantías constitucionales; por tanto, corresponde a esta Sala Constitucional el conocimiento de la acción autónoma de amparo propuesta con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
Dispositiva
Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE la acción de amparo constitucional incoada por el ciudadano GIUSEPPE COTTONE, y por la sociedad civil CÁMARA NACIONAL DE DISTRIBUIDORES DE CAUCHOS (ASOCAUCHOS), contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 29 de agosto de 2000. Además, en atención a la solicitud formulada por los accionantes, en el sentido de que fuesen suspendidos los efectos de la decisión impugnada, esta Sala Constitucional declara CON LUGAR tal petición, por lo que, a partir de la publicación del presente fallo, quedan suspendidos los efectos del fallo denunciado. En consecuencia, se ORDENA a la Secretaría de la Sala, oficiar al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, notificándole de la presente decisión; a dicho oficio deberá adjuntarse copia de este fallo.
Palabras clave
amparo constitucionallibertad de expresióndebido procesocompetencia deslealderechos constitucionalessentencia impugnadaprohibición de declaraciones