Sentencia N° 272 Constitucional TSJ 2001: Manuel Coromoto Brito Sánchez — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por el Fiscal Octavo del Ministerio Público, Manuel Coromoto Brito Sánchez, contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, que declaró sin lugar la recusación contra el Juez Wilmer Muñoz. La Sala argumenta que no se vulneraron los derechos al debido proceso ni el derecho a ser oído, y que la decisión impugnada fue dictada en ejercicio legítimo de las atribuciones del juez.

La acción de amparo contra actos jurisdiccionales, ha sido concebida en nuestra legislación, como un mecanismo procesal de impugnación, revestido de particulares características que lo diferencian de las demás acciones de amparo, así como de las otras vías existentes para atacar los actos emanados de los operadores de justicia. En ella, se han establecido presupuestos de procedencia, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación de la pretensión, incluso in limine litis, pues resulta inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal, sustanciar un procedimiento cuyo único resultado final será, necesariamente, la declaratoria sin lugar. En tal sentido, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone a la letra, lo siguiente: “Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.” Del análisis del artículo supra transcrito, buscando salvaguardar la integridad de la cosa juzgada y la seguridad jurídica, la jurisprudencia patria ha señalado que para que proceda la acción de amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes circunstancias, a saber: a) que el juez de quien emanó el acto presuntamente lesivo, haya incurrido en usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); b) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional (acto inconstitucional), lo que implica que no es recurrible en amparo aquella decisión que incurra en contravención de normas de rango legal o simplemente desfavorezca a un determinado sujeto procesal; y c) que se hayan agotado todos los mecanismos procesales existentes, o que los mismos resulten no idóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado de violación.

Por las razones de hecho y de derecho que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, actuando en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE, la acción de amparo constitucional ejercida por el ciudadano Manuel Coromoto Brito Sánchez, actuando en su carácter de Fiscal Octavo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, contra la sentencia dictada por la Corte de apelaciones del Circuito Judicial Penal del mismo Estado, en fecha 19 de septiembre del presente año, mediante la cual declaró sin lugar la recusación propuesta por el mencionado representante fiscal contra el Doctor Wilmer Muñoz, titular del Juzgado Quinto de Primera Instancia en función Juicio del mismo Circuito Judicial Penal. Asimismo, la Sala considera que no existió temeridad en el ejercicio de la presente acción.