Sentencia N° 272 Constitucional TSJ 2000: C.M. Caucho Motriz C.A. vs Centro Profesional La Urbina C.A. — Consulta de sentencia en…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta de una sentencia dictada en materia de amparo constitucional, donde se cuestionó la decisión interlocutoria de un Juzgado que ordenó la entrega de un bien inmueble arrendado. La Sala reiteró su competencia en materia de amparo y confirmó la decisión del Juzgado Superior Tercero, argumentando que la juez de primera instancia había violado garantías constitucionales al no examinar adecuadamente la demanda de tercería presentada por la parte agraviada. Se ordenó la remisión del expediente al Juzgado correspondiente para los fines legales pertinentes.

En razón del pronunciamiento de la Sala declinante, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia considera necesario reiterar, a los fines de pronunciarse sobre la competencia para el conocimiento de este caso, que en sentencia de fecha 20 de enero de 2000 (caso Emery Mata Millán vs. el Ministro y el Vice-Ministro del Interior y Justicia), dejó sentado lo siguiente: '… corresponde a esta Sala conocer las apelaciones y consultas sobre las sentencias de los Juzgados o Tribunales Superiores aquí señalados, de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal cuando ellos conozcan la acción de amparo en primera instancia.' Ahora bien, la presente acción de amparo fue interpuesta por ante un Juzgado Superior en ejercicio de la jurisdicción civil ordinaria, en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 22 de septiembre de 1999 proferida por la juez titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio que por cumplimento de contrato de arrendamiento intentara por ante ese tribunal la Sociedad Centro Profesional La Urbina C.A en contra del ciudadano Zoilo Villaluenga, el cual cursa en el expediente nº 95-5419 de la nomenclatura interna llevada por ese tribunal, ya que en dicha sentencia se acordó la inmediata entrega material del bien inmueble arrendado en ejecución de una transacción celebrada por las partes, imputándosele a dicha sentencia interlocutoria violaciones de garantías constitucionales; por tanto, corresponde a esta Sala Constitucional el conocimiento de la consulta legal de la sentencia proferida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas en la presente acción de amparo interpuesta con fundamento en lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y así se decide.

Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión dictada en fecha 11 de noviembre de 1999 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas en la acción de amparo constitucional interpuesta por la sociedad mercantil, C.M. Caucho Motriz C.A., contra la decisión interlocutoria de fecha 22 de septiembre de 1999, proferida por la juez titular del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en el juicio que por cumplimento de contrato de arrendamiento intentara por ante ese tribunal la sociedad mercantil Centro Profesional La Urbina C.A en contra del ciudadano Zoilo Villaluenga, el cual cursa en el expediente nº 95-5419 de la nomenclatura interna llevada por ese juzgado, y por que la referida juez titular ordenó la inmediata entrega del bien inmueble arrendado en ejecución de la transacción celebrada por las partes. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al referido Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas a los fines legales consiguientes.