Sentencia N° 2708 Constitucional TSJ 2001: Carlos Alberto Belandria Mora — Recurso de interpretación del Régimen Jurídico del…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, aborda la solicitud de interpretación presentada por el Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida, Carlos Alberto Belandria Mora, en relación con la normativa aplicable al Parque Metropolitano Albarregas. La Sala determina su competencia y la admisibilidad del recurso, señalando que la solicitud no se ajusta a lo que tradicionalmente se entiende por recurso de interpretación, ya que se plantea una colisión de normas entre diversos instrumentos normativos. Finalmente, la Sala declara NO HA LUGAR a la solicitud, indicando que la vía adecuada para cuestionar la ilegitimidad de los actos normativos sería el recurso de nulidad.

En primer término, la Sala formula algunas consideraciones a fin de determinar su competencia para conocer del presente caso, y la subsiguiente admisibilidad del recurso interpuesto. Observa la Sala que, en el presente caso, el ciudadano Carlos Alberto Belandria Mora, en su condición de Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida, asistido por el abogado Vintilo Rojas Rojas, Síndico Procurador Municipal de ese mismo Municipio, interpuso ante esta Sala Constitucional “recurso de interpretación”, con base en el numeral 8 del artículo 336 del vigente Texto Constitucional, para “la interpretación de normas aplicadas al Régimen Jurídico del Parque Metropolitano Albarregas, del Municipio Libertador del Estado Mérida”. Tales normas fueron igualmente señaladas por el recurrente a través de su escrito, planteando que entre los distintos instrumentos normativos que mencionó “no existe correlación” y que su “disyuntiva se presenta en cuanto a la aplicación de toda esta normativa y la concesión de la permisología (sic) para que se instale en el área demarcada como parque metropolitano Albarregas, específicamente en el tramo 8 enlace vial Coronel Gámez Arellano-Puente Río Albarregas, usos comerciales y dentro de estos estaciones de distribución de combustibles para vehículos automotores”. Dados estos supuestos, la Sala estima que la petición del recurrente se concreta en que esta Sala Constitucional, haciendo uso de la facultad que le concede el numeral 8 del artículo 336 de la Constitución, establezca cómo se resuelve la aparente colisión de normas existentes entre los distintos instrumentos normativos citados por el recurrente. Tal petitorio no coincide con lo que, tradicionalmente, ha entendido por recurso de interpretación. En efecto, sobre este particular la Sala Constitucional sentó, por medio de decisión del 22 de septiembre de 2000, caso Servio Tulio León, los diferentes supuestos en los que procede dicho recurso. Por otro lado, la Sala ya ha sentado jurisprudencia en la que ha reconocido la existencia de un recurso distinto, denominado recurso de colisión de leyes, que se fundamenta en la referida disposición constitucional. Así, con relación a este punto, en el caso Carlos Brender, del 31 de mayo de 2001, la Sala Constitucional dispuso lo siguiente: “Durante la vigencia de la Constitución de 1961, correspondía a la Corte Suprema de Justicia en Pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 215, numeral 5 y 216 de la Constitución de 1961, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 42 ordinal 6º, y 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la competencia para resolver las colisiones que existiesen entre las diversas disposiciones legales y declarar cuál de éstas debía prevalecer. Ahora bien, a raíz de la entrada en vigencia de la Constitución de 1999, tal competencia atribuida anteriormente a la Corte en Pleno, se encuentra actualmente asignada a esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia según lo dispuesto en el numeral 8 del artículo 336 de la Carta Magna, el cual dispone que es atribución de la Sala Constitucional: "Resolver las colisiones que existan entre diversas disposiciones legales y declarar cuál debe prevalecer.” Ahora bien, nota esta Sala que la facultad conferida por el ordenamiento constitucional hace referencia a la colisión “entre diversas disposiciones legales”, y no al conflicto entre lo que prevean normas de rango sub-legal, como lo constituyen los Decretos y Ordenanzas mencionados en la solicitud interpuesta. Este segundo supuesto - que constituye el caso de autos- no cuenta con un recurso específico para que sea debatido tanto ante esta Sala Constitucional, como ante cualquier otra instancia jurisdiccional. En todo caso, si lo que se pretende cuestionarse es la ilegitimidad en que ha incurrido alguna de las autoridades públicas, para dictar los actos normativos a que se ha hecho referencia en el escrito que da lugar a esta sentencia, la vía idónea sería la del recurso de nulidad, siendo que la determinación del Tribunal competente para conocer del mismo dependerá de la norma cuya nulidad sea solicitada.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley declara NO HA LUGAR a la solicitud interpuesta por el ciudadano CARLOS ALBERTO BELANDRIA MORA, Alcalde del Municipio Libertador del Estado Mérida, para resolver , “la problemática que surge en cuanto a la interpretación de normas aplicadas al Régimen Jurídico del Parque Metropolitano Albarregas, del Municipio Libertador del Estado Mérida”. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.