Sentencia N° 2703 Constitucional TSJ 2001: José Filogonio Molina vs Luis Octavio Rosendo García y Enid Mercedes…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió confirmar la sentencia del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por José Filogonio Molina, representante de Luis Octavio Rosendo García y Enid Mercedes Goyo de Rosendo. La acción de amparo fue considerada inadmisible debido a que existían vías ordinarias para impugnar la decisión cuestionada, lo que contraviene el carácter excepcional del amparo constitucional. Los accionantes alegaron violaciones al derecho al debido proceso, argumentando que la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito había ignorado el tiempo transcurrido entre las citaciones de los demandados, lo que debió suspender el procedimiento. Sin embargo, la Sala concluyó que la acción de amparo no era procedente, ya que los demandantes habían ejercido recursos ordinarios en contra de la decisión. Finalmente, la Sala reafirmó que el amparo constitucional no puede sustituir los mecanismos ordinarios establecidos por la ley para la protección de derechos y garantías, confirmando así la inadmisibilidad de la acción de amparo.

Esta Sala observa, que de las actas del proceso se desprende que el propósito de los accionantes con la acción de amparo es atacar la sentencia del 12 de abril del 2000, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, la cual tiene como fundamento el auto del 23 de febrero de 2000, que contempla: “...Como se evidencia de autos la parte demandada en el presente proceso no compareció en el lapso establecido por la ley a los fines de hacer oposición a la demanda por Cobro de Bolívares, intentada por el ciudadano Oswaldo Dorante, anteriormente identificado en autos, por tal motivo téngase como sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada entre las partes, el presente decreto de intimación. Se le concede a la parte demandada CINCO días para efectuar el cumplimiento voluntario de la presente ejecución...”. Los accionantes consideraron que se les violentó su derecho constitucional al debido proceso, contemplado en el artículo 49.1 de la Constitución de la República de Venezuela, al haber transcurrido, entre la citación del ciudadano Luis Octavio Rosendo García, realizada el 9 de agosto de 1999, y la citación de la ciudadana Enid Mercedes Goyo de Rosendo, realizada 12 de enero de 2000, cinco meses y tres días, lo que trae como consecuencia que la primera citación quedara sin efecto y el procedimiento se suspendieran hasta que se solicitara nuevamente la citación de todos los demandados. Por ello denunciaron que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, no podía dictar un auto donde otorga carácter de sentencia pasada por autoridad de cosa juzgada al decreto de intimación dictado por el mismo órgano judicial, y ordenar la ejecución forzosa de tal decisión, siendo que la causa se encontraba suspendida por el motivo señalado. Si bien esto es cierto, no es menos cierto que los accionantes en su escrito de amparo admiten expresamente que, contra la decisión accionada en amparo constitucional, existen vías ordinarias para impugnarla las cuales efectivamente ejercieron; como se deduce de la siguiente afirmación de los recurrentes: “...Solicito se suspenda el decreto de ejecución forzada del presente proceso; en consecuencia pido se oficie al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial; a los fines de que se suspenda la ejecución hasta tanto no se agoten los recursos respectivos; por las razones Constitucionales esgrimidas; tanto más cuando que está pendiente la decisión de una apelación interpuesta, e igualmente queda pendiente una acción de invalidación de sentencia...”.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la decisión dictada el 23 de mayo del 2000, por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por el abogado José Filogonio Molina, representante judicial de los ciudadanos Luis Octavio Rosendo García y Enid Mercedes Goyo de Rosendo, contra la sentencia dictada el 12 de abril de 2000, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. Así se decide.