Sentencia N° 2690 Constitucional TSJ 2001: Miguel Ángel Cisneros Hatch vs Administradora del Patrimonio Inmobiliario de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo interpuesta por Miguel Ángel Cisneros Hatch, quien alegaba ser afectado por la ejecución de una sentencia del Juzgado Superior Séptimo. La Sala determinó que la acción era inadmisible, ya que el demandante no había sido parte en el proceso original y no se evidenciaban violaciones constitucionales en la ejecución de la sentencia. Además, se aclaró que la ejecución de una sentencia firme no constituye una amenaza de violación de derechos por sí misma.

En el presente caso, observa la Sala que, el accionante dice que intenta la acción, contra la amenaza de ejecución de la sentencia del 7 de junio de 2000, dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en apelación de la decisión dictada el 20 de diciembre de 1993 por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, la cual afirma viola su derecho a la defensa y al debido proceso, porque no hay identificación objetiva y precisa de la cosa sobre la cual recayó dicha sentencia, y que ejecutar esa decisión como consecuencia de la solicitud de ejecución que pide la parte favorecida, la Administradora del Patrimonio Inmobiliario de Entidades Públicas del Área Metropolitana de Caracas, empresa filial del Centro Simón Bolívar, en el procedimiento que siguiera contra la empresa Automecánica G.T.X., sería despojar a su representado, de ambos derechos, porque él no ha sido parte en ese proceso. Sin embargo, observa la Sala que el accionante, al señalar cuáles son las violaciones que amenazan su derecho a la defensa y al debido proceso por la decisión del Juzgado Superior Séptimo, insiste en un argumento que fue rebatido por la propia sentencia, como es el de la falta de señalamiento del objeto de la decisión, ya que en la misma sólo se está condenando al demandado en ese procedimiento, la empresa Automecánica G.T.X., cuya responsabilidad quedó demostrada con el contrato de arrendamiento que se acompañó y quedó debidamente reconocido en el juicio en cuestión. Y no hay indicios o documentos, salvo lo dicho por el accionante, de que se vaya a ejecutar la sentencia, sobre otros bienes, que no sean aquellos contra los cuales se siguió el procedimiento.

Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara competente para conocer de la presente acción de amparo, y en consecuencia, considera INADMISIBLE la acción de amparo interpuesta por MIGUEL ÁNGEL CISNEROS HATCH, asistido por el abogado Eduardo Enrique Brito, contra la supuesta amenaza de ejecución de la sentencia del 7 de junio de 2000, dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y que pretende ejecutar el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.