Sentencia N° 269 Constitucional TSJ 2000: José Agustín Ibarra vs Ignacio Arcaya — Nulidad de Decreto-Ley de supresión del ICAP

La Sala Constitucional del TSJ admite la acción de nulidad por inconstitucionalidad interpuesta contra el Decreto Nº 419 que suprime el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP). Se argumenta que el decreto viola derechos constitucionales, pero la Sala determina que no hay presunción de violación de derechos fundamentales. Además, se declara improcedente la solicitud de amparo constitucional y la medida cautelar innominada solicitada por los accionantes. La decisión se basa en la falta de pruebas de que el decreto impida el acceso a la jurisdicción.

Así, por cuanto de los términos expuestos en el escrito que da inicio a las presentes actuaciones, se desprende que las violaciones de derechos alegadas son imputadas a artículos específicos del instrumento normativo impugnado, pasa esta Sala a revisar cada una de las violaciones imputadas a éstos, en los siguientes términos: Por lo que respecta a la violación de los derechos de acceso a la jurisdicción, defensa y debido proceso, que el apoderado actor imputa al contenido de los artículos 4 y 17 del instrumento impugnado, observa esta Sala, que el contenido de los mismos es el siguiente: “Artículo 4. Los derechos y obligaciones de naturaleza contractual que en la actualidad tenga el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP), se regirán por lo previsto en los correspondientes contratos. Sin embargo, sus acreedores deberán respetar los plazos establecidos en los mismos para el cumplimiento de las obligaciones del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP), sin que por el hecho de la liquidación ordenada en este Decreto-Ley, puedan operar mecanismos contractuales o legales que tiendan a hacer exigibles dichas obligaciones como de plazo vencido.” “Artículo 17. Los tribunales de la República no podrán acordar o deberán suspender toda medida preventiva o de ejecución contra el Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP) a partir de la entrada en vigencia de este Decreto-Ley.” Al efecto, encontrándose esta Sala en esta oportunidad en sede cautelar, y siendo que sus decisiones sólo causan cosa juzgada material, pasa a analizar los aludidos dispositivos en concordancia con los derechos de acceso a la jurisdicción, defensa y debido proceso, de la forma en que han sido consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Por las consideraciones que anteceden, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Se ADMITE la acción de nulidad interpuesta por razones de inconstitucionalidad intentada por el abogado José Agustín Ibarra, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos EDGAR ROSA LUZARDO NÚÑEZ y otros, contra el DECRETO Nº 419 CON RANGO Y FUERZA DE LEY DE SUPRESIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL INSTITUTO DE CRÉDITO AGRÍCOLA Y PECUARIO (ICAP), dictado por el ciudadano IGNACIO ARCAYA, encargado de la Presidencia de la República, en fecha 21 de octubre de 1999 y publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.397 Extraordinario, de fecha 25 de octubre de 1999. En consecuencia, de conformidad con el artículo 116 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, se ordena notificar al Presidente de la República y al Fiscal General de la República. A tales fines, remítase a los citados funcionarios copia certificada del escrito del recurso de nulidad y de la documentación pertinente acompañada al mismo. Emplácese a los interesados mediante Cartel el cual será publicado por el Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a expensas de los recurrentes, en uno de los medios impresos de mayor circulación nacional para que concurran a darse por citados, a partir de la fecha de su publicación hasta la oportunidad que tenga lugar el acto de informes en el presente juicio. 2.- IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional interpuesta de forma conjunta con el recurso de nulidad. 3.- IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada de conformidad con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.