Sentencia N° 2687 Constitucional TSJ 2001: Julio Carías GIL vs Martha Isabel Arbeláez Valderrama — Medida cautelar

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 17 de diciembre de 2001, declaró sin lugar la apelación interpuesta por la abogada María de los Ángeles Soto, actuando en representación de Martha Isabel Arbeláez Valderrama, contra la decisión del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, que había declarado con lugar la acción de amparo constitucional presentada por Julio Carías Gil. La Sala consideró que la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia era improcedente, ya que afectaba bienes que no eran propiedad de los demandados, violando así sus derechos a la propiedad y al debido proceso. La decisión se fundamentó en la falta de legitimidad de la demandante para solicitar medidas sobre bienes que pertenecen a terceros, así como en la ausencia de pruebas que acreditaran la existencia de la comunidad concubinaria alegada. La Sala reafirmó que las medidas cautelares deben ser decretadas sobre bienes que sean propiedad del sujeto pasivo, y que la justicia debe ser responsable y efectiva, garantizando el derecho a la defensa y a la propiedad. Finalmente, la Sala confirmó la decisión del a quo, ordenando la remisión del expediente al Juzgado Superior correspondiente y notificando a las partes sobre la sentencia dictada.

La Sala considera que la medida de prohibición de enajenar y gravar decretada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda el 16 de junio de 1999, recayó sobre bienes que no son propiedad de los demandados; es decir, recayó sobre bienes propiedad de terceros, ya que, como se evidencia de las actas que conforman el expediente y de la propia afirmación de la demandante en el juicio principal, ciudadana Martha Arbeláez, en su libelo de demanda, los bienes enajenados son propiedad de las sociedades mercantiles Estancia La Coromoto C.A., Inversiones Carirod, C.A., y Agropecuaria El Amparo, C.A., quienes no eran ni son parte en el juicio principal de partición de bienes, sobre los cuales fueron decretadas las medidas objeto de la acción de amparo constitucional interpuesta ante el a quo, y en donde los demandados son los ciudadanos Julio Carías Gil, Adriana Carías Gil y Beatriz Carías Gil. Ciertamente, según consta en la demanda anexa en autos (folios 9 al 29), los demandados en el juicio del cual derivó la medida cautelar impugnada mediante la acción de amparo, poseían acciones en las sociedades mercantiles propietarias de los bienes inmuebles objeto de la medida cautelar. Sin embargo, a manera de que procediera la medida cautelar sobre los bienes cuya propiedad era de las sociedades mercantiles antes identificadas, era, pues, necesario demandar a dichas sociedades mercantiles propietarias antes de proceder a decretar prohibición de enajenar y gravar sobre un porcentaje de los derechos sobre dichos bienes, derechos que sólo poseen las sociedades mercantiles propietarias y que los accionistas de esas sociedades mercantiles (demandados) sólo tiene derechos a través de sus acciones; es decir, los demandados poseen derechos indirectos, por ser accionistas de una sociedad anónima, sobre la propiedad de unos bienes cuyos titulares son las sociedades mercantiles que son terceros, en virtud de que no son parte en el proceso del cual resultó la medida cautelar impugnada mediante el proceso de amparo objeto de esta decisión.

1.- Declara SIN LUGAR la apelación intentada por la abogada María de los Angeles Soto Patiño, actuando en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana MARTHA ISABEL ARBELAEZ VALDERRAMA en contra de la sentencia dictada el día 5 de octubre de 2000, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. 2.- CONFIRMA la sentencia dictada el 5 de octubre de 2000, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, mediante la cual declaró CON LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano JULIO CARÍAS GIL, contra la decisión judicial del 16 de Junio de 1999 dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. 3.- Ofíciese a la Inspectoría General de Tribunales, para que determine las responsabilidades del caso.