Sentencia N° 2685 Constitucional TSJ 2001: Willie THE Hippo’s Mundo de Diversiones, C.A. vs Corte Primera de lo Contencioso…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por la sociedad mercantil Willie The Hippo’s Mundo de Diversiones, C.A. en contra de la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. La acción fue fundamentada en la supuesta violación de derechos constitucionales al debido proceso y a la igualdad, alegando que la Corte actuó fuera de su competencia al revocar una sentencia favorable a la accionante. La Sala concluye que no se cumplen los requisitos de procedencia para la acción de amparo, ya que la decisión impugnada no constituye una violación a derechos constitucionales.

En primer lugar, debe la Sala verificar su competencia para conocer el caso sub examine y, a tal efecto, se observa que la acción objeto de estos autos fue incoada en contra de una decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, actuando como Tribunal de Alzada de un Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo, en un procedimiento de anulación de un acto de efectos particulares dictado por la Alcaldía del Municipio Chacao. Visto pues, el órgano jurisdiccional autor del fallo aquí denunciado, y conforme los criterios asentados por esta Sala mediante las decisiones n° 1/2000 y 2/2000 (casos: Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), esta Sala es competente para decidir el caso bajo estudio. Así se declara. Precisada su competencia, la Sala deja constancia de que el escrito de amparo cumple con los requisitos previstos en el artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Ello así, se pasa ahora a estudiar el caso sub júdice en los siguientes términos: La acción de amparo contra actos jurisdiccionales, ha sido concebida en nuestra legislación, como un mecanismo procesal de impugnación de decisiones judiciales, revestido de particulares características que lo diferencian de las demás acciones de amparo, así como de las otras vías existentes para atacar los actos emanados de los operadores de justicia. Así, en ella se han establecido especiales presupuestos de procedencia, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación de la pretensión, incluso in limine litis, pues resulta inoficioso y contrario a los principios de celeridad y economía procesal, sustanciar un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar. En este sentido, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone: “Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional . En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante (sic) un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.” Del análisis del artículo transcrito, la jurisprudencia patria ha extraído que para que proceda la acción de amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes circunstancias: (i) que el juez que emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); y aunado a ello (ii) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional (acto inconstitucional), lo que implica que no es recurrible por amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República, y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE –in limine litis- la pretensión de amparo constitucional incoada por el abogado Raúl Arrieta Cuevas, antes identificado, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil WILLIE THE HIPPO’S MUNDO DE DIVERSIONES, C.A., en contra de la decisión dictada el 5 de diciembre de 2000, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.