Sentencia N° 2684 Constitucional TSJ 2001: Asociación de Productores Rurales Santa FE… vs Comando de la Tercera Compañía del…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia conoció de la acción de amparo constitucional interpuesta por la Asociación de Productores Rurales Santa Fe (ASOPRUSAFE) contra un acto administrativo que paralizó sus actividades. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declarado con lugar la acción, constatando la violación del derecho al debido proceso. La Sala Constitucional ratificó esta decisión, argumentando que la paralización de actividades no se realizó conforme a los procedimientos establecidos, vulnerando así los derechos de la asociación.

En primer lugar, debe esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta en una acción de amparo y, a tal efecto, se ratifican los criterios expuestos en las sentencias del 20 de enero de 2000 (Casos: Emery Mata y Domingo Ramírez Monja); 14 de marzo de 2000 (Caso: Elecentro); y; 8 de diciembre de 2000 (Caso: Yoslena Chanchamire), de allí que esta Sala es competente para conocer, tanto de las consultas, como de las apelaciones que provengan de los Juzgados Superiores, Corte Primera de lo Contencioso Administrativo y las Cortes de Apelaciones en lo Penal, cuando conozcan como Tribunales de Primera Instancia, salvo las dictadas por los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, y así se declara. Precisada la competencia, pasa esta Sala a pronunciarse en el caso sub júdice, conforme a la consulta obligatoria de la sentencia dictada el 21 de diciembre de 2000 por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que declaró con lugar la acción de amparo, por violación de los derechos al debido proceso y a la defensa. Al respecto observa esta Sala Constitucional, que el derecho al debido proceso ha sido acotado en anteriores oportunidades “...como aquel proceso que reúna las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas ” (caso: Enrique Méndez Labrador del 15 de febrero de 2000). (Destacado de la Sala). En el mismo sentido, en la decisión de esta Sala del 4 de abril de 2001 (caso: Cilo Antonio Anuel Morales y otro), el debido proceso consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela comprende: “...el derecho a defenderse ante los órganos competentes, que serán los tribunales o los órganos administrativos, según el caso. Este derecho implica notificación adecuada de los hechos imputados, disponibilidad de medios para permitir ejercer la defensa adecuadamente, acceso a los órganos de administración de justicia, acceso a pruebas, previsión legal de lapsos adecuados para ejercer la defensa, preestablecimiento de medios que permitan recurrir contra los fallos condenatorios (de conformidad con las previsiones legales, derecho a ser presumido inocente mientras no se demuestre lo contrario, derecho a ser oído, derecho de ser juzgado por el juez natural, derecho a no ser condenado por un hecho no previsto en la ley como delito o falta, derecho a no ser juzgado dos veces por los mismos hechos, derecho a no ser obligado a declararse culpable ni a declarar contra sí misma, su cónyuge, ni sus parientes dentro del segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, entre otros).

Por las razones precedentemente expuestas esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, conociendo en consulta la acción de amparo interpuesta por la “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES SANTA FE” (ASOPRUSAFE), contra el acto administrativo dictado el 14 de junio de 1999 por el Comando de la Tercera Compañía del Destacamento Nº 88 del Comando Regional Nº 8 de la Guardia Nacional de Venezuela con sede en Upata, Estado Bolívar, mediante el cual se levantó acta de paralización preventiva de las actividades realizadas por dicha Asociación, declara: CONFIRMA la decisión dictada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo el 21 de diciembre de 2000, en la que declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados JESÚS RAMÓN TORRES PERTUZ y RAFAEL MARTÍNEZ, actuando como apoderados judiciales de la “ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES RURALES SANTA FE” (ASOPRUSAFE), por cuanto constató la violación del derecho al debido proceso. Publíquese y regístrese. Remítase copia de la decisión. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.