Sentencia N° 2675 Constitucional TSJ 2001: Haydee Margarita Parra Araujo vs Ministerio del Interior y Justicia

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Haydee Margarita Parra Araujo y otras ciudadanas contra el Decreto N° 304 y la Resolución N° 739 del Ministerio del Interior y Justicia. La Sala consideró que el Decreto no violaba los derechos constitucionales de los funcionarios públicos, pero reconoció el derecho a la jubilación de las accionantes, ordenando al Ministerio que se tramiten las jubilaciones dentro de un mes. La decisión también establece que quienes se encuentren en la misma situación que las accionantes pueden adherirse al fallo.

La Sala observa que, las acciones acumuladas pueden resumirse en dos pretensiones, la de la ciudadana Alejandrina Pietri de Pérez, quien solicitó su reincorporación al cargo, ya que considera que solamente podía ser destituida o separada de su cargo por aplicación de los artículo 66 y 67 del Reglamento de Notarías Públicas; y la del resto de las accionantes que solicitan no se desmejoren sus condiciones respecto del derecho que alegan les asiste a las jubilaciones. Entre ambas peticiones, se pasa a resolver primero los pedimentos de la ciudadana Alejandrina Pietri de Pérez. Al respecto observa la Sala que el Decreto N° 304 del 11 de septiembre de 1999, fue dictado en base al ordinal 3° del artículo 4 de la Ley de Carrera Administrativa, disposición ésta que permite al ejecutivo regular la materia funcionarial y que en el presente caso, por considerar a los notarios públicos como funcionarios que son, los consideró, de libre nombramiento y remoción por el ejecutivo. Dicho Decreto N° 304, en ese sentido, a juicio de esta Sala, no contiene violación de los derechos contemplados en los artículos 87, 89 y 93 de la Constitución, y si la accionante considera que en su caso particular, se obró ilegalmente tiene abierta la vía del contencioso administrativo, para impugnar la ilegalidad del acto.

1) SIN LUGAR la acción de amparo constitucional incoada por la ciudadana Alejandrina Pietri de Pérez, asistida por el abogado Henrique Iribarren Monteverde. 2) CON LUGAR la acción de amparo interpuesta por las ciudadanas Yolanda Angélica Derett García, Isabel Alcalá Perdomo y Haydee Zambrano de Solórzano, Haydee Margarita Parra Araujo, Luisa Estefanía Coello A. y Carmen Eugenia Naranjo, contra los respectivos actos administrativos dictados en ejecución del Decreto N° 304 del 11 de septiembre de 1999, por el Ministerio del Interior y Justicia, y se ORDENA que de inmediato, y con la prontitud necesaria, se tramiten las jubilaciones dentro del término de un mes contado a partir de la presente fecha conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica de Amparo y Garantías Constitucionales, so pena de incurrir en desobediencia a la autoridad conforme al artículo 29 ejusdem.