Sentencia N° 2673 Constitucional TSJ 2001: Dhl Fletes Aéreos, C.A.; P.O. BOX AIR… vs Sala Político Administrativa del Tribunal…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revisó una sentencia de la Sala Político Administrativa que declaró consumada la perención de la instancia en un recurso contencioso administrativo. Los recurrentes alegaron violaciones a sus derechos constitucionales, argumentando que la perención no debía aplicarse debido a la inactividad del órgano jurisdiccional. La Sala Constitucional determinó que la perención solo procede por inactividad de las partes y no del juez, y que la decisión impugnada contradecía su doctrina vinculante sobre la materia.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre el recurso de revisión interpuesto, para lo cual previamente debe establecer su competencia para conocer del mismo. A tal efecto, se observa: En fallos anteriores esta Sala ha venido delimitando el ámbito de su competencia, el cual, en ausencia de un texto normativo de rango legal que desarrolle los preceptos constitucionales relacionados con el Tribunal Supremo de Justicia y la Sala Constitucional, mediante la aplicación directa e inmediata de las normas y principios constitucionales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (vid. sentencia Nº 1/2000, caso Emery Mata Millán). De esta forma, con el objeto de garantizar la continuidad en la prestación del servicio de administración de justicia, esta Sala Constitucional ha establecido criterios interpretativos acerca del tratamiento de las instituciones jurídicas previstas en el nuevo esquema constitucional, cuyo contenido debe ajustarse a un enfoque realista del momento histórico imperante. Específicamente, esta Sala se ha pronunciado acerca de la facultad que detenta para revisar las actuaciones de las demás Salas de este Supremo Tribunal que contraríen las normas y principios contenidos en la Constitución, así como aquellas que se opongan a las interpretaciones que sobre tales, haya realizado esta Sala Constitucional, en ejercicio de las atribuciones conferidas de forma directa por el Texto Constitucional, según se desprende del dispositivo contenido en el numeral 10, del artículo 336 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no obstante la ausencia de desarrollo legislativo al respecto (vid. sentencias números 1312/2000, 33/2001 y 192/2001). En tal sentido, se señaló que la facultad de revisión persigue garantizar el cumplimiento, vigencia y respeto de los postulados constitucionales, así como la integridad de la interpretación, en tanto se trata de una Sala con facultades expresas para tal función, concebida como un órgano especializado para ello.

PRIMERO: PROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por los abogados Humberto Briceño León, María Fernanda Zajía Tobía, María Eugenia Salazar Furiati y Juan Carlos Balzán Pérez, actuando con el carácter de apoderados judiciales de DHL FLETES AÉREOS, C.A.; P.O. BOX AIR INTERNATIONAL, C.A.; MENSAJEROS RADIO WOLDWIDE, C.A.; ZOOM INTERNATIONAL SERVICES, C.A.; DOCUMENTOS MERCANTILES, S.A. “DOMESA”; AEROCAMIONES DE VENEZUELA, C.A. AEROCAV; TRANSPORTE DE VALORES CARIBE, C.A. (TRASVALCAR); EXPRESOS TC, C.A.; CORPODATA, C.A.; ENTREGAS VELEXPRESS, C.A.; CARTEXPRESS, C.A.; V.H. EXPRES C.A.; REPRESENTACIONES MARCOS GONZÁLEZ-RMG-COURIER SERVICES, S.R.L.; INTERNATIONAL BONDED COURIERS, C.A.; TRANSPORTE ENCOURIERS EXPRESS, C.A.; TRANSFERENCIA Y ENCOMIENDAS ANGULO LÓPEZ, C.A. y MARÍN HURTADO Y ASOCIADOS, C.A., antes identificados. SEGUNDO: ANULA la sentencia dictada el 6 de noviembre de 2001, por la Sala Político Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, por ser contraria a los principios constitucionales y a la doctrina de esta Sala Constitucional, sentada en el fallo Nº 956, proferido el 1º de junio de 2001. En consecuencia, se ORDENA remitir el presente expediente a la referida Sala Político Administrativa, para que decida el recurso contencioso administrativo de anulación, conjuntamente con amparo constitucional, interpuesto por las referidas compañías, contra las Resoluciones números 389 y 390 del 5 de diciembre de 1994, dictadas por el entonces Ministerio de Transporte y Comunicaciones (hoy Ministerio de Infraestructura).