Sentencia N° 267 Constitucional TSJ 2001: José Agustín Ibarra vs Presidente de la República — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado José Agustín Ibarra en representación de varios ciudadanos contra un decreto del Presidente de la República. La Sala declaró su incompetencia para conocer el caso, argumentando que el tribunal competente es un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Estado Lara. La decisión se fundamenta en la relación funcionarial de los accionantes y la naturaleza del derecho o garantía constitucionales presuntamente violados.

Como punto previo, debe esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse sobre su competencia para conocer de la presente acción de amparo constitucional y, al respecto, observa: Como viene señalando esta Sala, la Constitución vigente, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que, en primer término, precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de las potestades que le reconoce la Carta Magna, aun de aquellas inherentes a la naturaleza humana que no figuren expresamente en la Carta Magna, ni en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece que el procedimiento de la acción de amparo “(…) será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad (…)”, teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje ella. Sin embargo, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los diversos tribunales de la República, deja dicha función al legislador, correspondiéndole a éste distribuir entre los distintos órganos las potestades y competencias en que se manifiesta el ejercicio del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la derogada Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales determina las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia.

1.- Se declara INCOMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el abogado José Agustín Ibarra, actuando con el carácter de apoderado judicial de los ciudadanos antes identificados, contra el Decreto Nº 419 de fecha 21 de octubre de 1999, dictado por el Presidente de la República, publicado en la Gaceta Oficial nº 5.397 extraordinaria, de fecha 25 de octubre de ese mismo año, y contra el memorándum s/n de fecha 10 de enero de 2000, dictado por la Comisión Liquidadora del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario (ICAP). 2.- Declara que el tribunal competente para conocer de la presente acción de amparo constitucional es un Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara, al cual deberán remitirse inmediatamente los autos.