Sentencia N° 267 Constitucional TSJ 2000: Gustavo Planchart Manrique, Gustavo Planchart… — La competencia de la Sala…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara que no tiene competencia para conocer de la acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad contra disposiciones del Reglamento del Puerto Libre del Estado Nueva Esparta. La acción fue interpuesta por varios abogados actuando como apoderados judiciales de diversas sociedades mercantiles. La Sala determina que la competencia corresponde a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, dado que se trata de un reglamento emanado del Ejecutivo Nacional.

La Constitución vigente distingue claramente la jurisdicción constitucional de la contencioso-administrativa, delimitando el alcance de ambas competencias en atención al objeto de impugnación, es decir, al rango de los actos objetos de control y no a los motivos por los cuales se impugnan. En efecto, la norma contenida en el último aparte del artículo 334 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que: “Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicción constitucional, declarar la nulidad de las leyes y demás actos de los órganos que ejercen el Poder Público dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución o que tenga rango de Ley”. Asimismo, en el artículo 336 eiusdem se establecen en forma particularizada las competencias de esta Sala. Igualmente, en el artículo 214 eiusdem se le otorga a esta Sala la competencia para realizar el control previo de la constitucionalidad de las leyes antes de su promulgación. Y por último, la determinación de la constitucionalidad del carácter orgánico otorgado por la Asamblea Nacional a las leyes así calificadas, de forma previa a su promulgación (artículo 203 eiusdem). En tal sentido, esta Sala Constitucional ha señalado que: “el criterio acogido por el Constituyente para definir las competencias de la Sala Constitucional, atiende al rango de las actuaciones objeto de control, esto es, que dichas actuaciones tienen una relación directa con la Constitución que es el cuerpo normativo de más alta jerarquía dentro del ordenamiento jurídico en un Estado de Derecho contemporáneo. Así las cosas, la normativa constitucional aludida imposibilita una eventual interpretación que tienda a identificar las competencias de la Sala Constitucional con los vicios de inconstitucionalidad que se imputen a otros actos o con las actuaciones de determinados funcionarios u órganos del Poder Público” (Sentencia de fecha 27 de enero de 2000, caso: Milagros Gómez y otros).

1. Que NO TIENE COMPETENCIA para conocer de la acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad contra las disposiciones previstas en los artículos 10, 16, 19 y 40 del Reglamento del Puerto Libre del Estado Nueva Esparta, dictado mediante el Decreto Nº 3.144 del 30 de diciembre de 1998, publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.293 Extraordinario, de fecha 26 de enero de 1999, interpuesta por los abogados Gustavo Planchart Manrique, Gustavo Planchart Pocaterra, Margarita Escudero León, Claudia Briceño Aranguren y María Verónica Espina Molina, actuando con el carácter de apoderados judiciales de sociedades mercantiles INVERSORA TAFIL, C. A., INVERSORA NIKO’S, C. A., INVERSIONES SANGALA, C. A. y TURISMO PILAR, C. A., TURDIAL, C. A., INVERSIONES SEREN 1.942, C. A., e INVERSIONES DESTINY, C. A. 2. La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia es el tribunal competente para conocer de la acción de nulidad por inconstitucionalidad e ilegalidad interpuesta contra las normas antes señaladas. 3. Se ordena remitir el expediente a la Sala anteriormente indicada. Publíquese, regístrese, comuníquese y remítase el presente expediente. Cúmplase lo ordenado.