Sentencia N° 2659 Constitucional TSJ 2001: Nuria Esperanza Villasmil Sánchez vs Fiscal General de la República

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recibió una acción de amparo constitucional interpuesta por Nuria Esperanza Villasmil Sánchez contra el Fiscal General de la República, tras su separación del cargo de Fiscal Auxiliar. La Sala analizó la declinatoria de competencia del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo, que había remitido el caso a esta Sala, y determinó que la acción era improcedente debido a que la demandante no gozaba de estabilidad laboral al haber sido designada interinamente. La Sala concluyó que no se configuró violación de derechos constitucionales y desestimó la acción de amparo.

Para decidir la acción de amparo interpuesta, debe esta Sala pronunciarse, previamente acerca de la declinatoria de competencia que le hiciera el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, para conocer del presente caso. Para ello, se observa: El referido Juzgado Superior declinó en esta Sala Constitucional la competencia para conocer del presente amparo constitucional, en virtud de que la misma ha sido ejercida contra una de las altas autoridades a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Al respecto, esta Sala observa que, mediante sentencias del 20 de enero de 2000 (casos Emery Mata Millán y Domingo Ramírez Monja), esta Sala Constitucional determinó el régimen competencial aplicable en materia de amparo constitucional, a la luz de las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estableciendo en dichos fallos que corresponde a esta Sala el conocimiento directo, en única instancia, de las acciones de amparo incoadas contra los altos funcionarios a que se refiere el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, cuyo tenor es el siguiente: Artículo 8. “La Corte Suprema de Justicia conocerá en única instancia y mediante aplicación de los lapsos y formalidades previstos en la Ley, (...) de la acción de amparo contra el hecho, acto u omisión emanados del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República”. En tal sentido, precisa esta Sala que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 eiusdem, el fuero especial allí previsto debe reunir dos requisitos intrínsecos, cuales son la jerarquía constitucional y el carácter nacional, es decir, que la actividad de la autoridad derive de un mandato expreso de la Constitución y que su competencia sea ejercida en todo el territorio de la República, afectando así múltiples factores políticos, sociales y económicos de la Nación. Por consiguiente, el referido fuero especial -que asegura que el control de la violación constitucional a un derecho o garantía por parte de los hechos, actos u omisiones de tales autoridades “sean decididos con mayor certeza dado su posible incidencia en el acontecer político del Estado”-, no puede ser extendido a todo tipo de autoridad del Poder Público, que no se encuentre dentro del supuesto contenido en la norma mencionada.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara IMPROCEDENTE in limine litis la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana NURIA ESPERANZA VILLASMIL SÁNCHEZ, actuando en nombre propio y representación, contra el entonces Fiscal General de la República. Publíquese y regístrese. Archívese el expediente.