Sentencia N° 262 Constitucional TSJ 2001: Evehelisse Harting Collins — La competencia en acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una acción de amparo interpuesta por la defensora pública del ciudadano Fidel José Rondón. La Corte de Apelaciones había declarado inadmisible la acción, argumentando que no era competente para conocerla. Sin embargo, la Sala Constitucional determinó que la Corte de Apelaciones era el tribunal superior jerárquico y, por lo tanto, competente para conocer la acción de amparo.

La Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico declaró inadmisible la acción interpuesta, con base en los criterios de competencia, que con respecto a esta materia, fijó esta Sala Constitucional en sentencia de fecha 20 de enero de 2000. Así la Corte de Apelaciones señaló que correspondía a los Tribunales de Primera Instancia de la materia relacionada o afín con el amparo, el conocimiento del mismo, siendo los Superiores de dichos Tribunales los que conocerían de las apelaciones y consultas. Estableciendo además que en materia penal, los tribunales competentes para conocer los amparos distintos a los amparos de libertad y seguridad personal, eran los Tribunales de Juicio unipersonal de acuerdo a la naturaleza del derecho o garantía violado o amenazado, y que las Cortes de Apelaciones conocerían de las apelaciones y consultas de ellos, por lo que concluyó que la única vía a través de la cual llegaría a conocer de la acción interpuesta era a través del recurso de apelación.

REVOCA la sentencia de fecha 20 de diciembre de 2000 dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Guárico y la declara COMPETENTE para conocer del amparo constitucional interpuesto por la abogada Evehelisse Harting Collins, defensora pública penal del ciudadano Fidel José Rondón, contra la decisión dictada en fecha 7 de diciembre de 2000 por el Tribunal N°2 de Juicio del Circuito Judicial Penal del mismo Estado, en consecuencia, se ordena remitir el expediente a la referida Corte de Apelaciones a los fines de que se pronuncie sobre la solicitud de amparo interpuesta.