Sentencia N° 26 Constitucional TSJ 2001: José Candelario Casu, Adán Díaz Morles, Tony… vs Comisión Legislativa Transitoria del…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se declaró incompetente para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por un grupo de diputados jubilados contra actos administrativos de la Comisión Legislativa Transitoria del Estado Portuguesa. La Sala argumentó que dicha entidad no forma parte de las autoridades contempladas en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por lo que el conocimiento de la acción corresponde a un tribunal competente en primera instancia en la materia afín a la naturaleza del derecho o garantía constitucional violado.

La Sala observa que, en el caso de autos, la acción de amparo constitucional fue ejercida contra “los actos administrativos proveniente (sic) de la Comisión Legislativa Transitoria del Estado Portuguesa de fechas (sic) 27 de marzo del 2000, oficio N° 092 (...), y de fecha 11 de abril del 2000, Oficio 149 (...) “. Ahora bien, la citada entidad estadal, cuyo funcionamiento cesó a raíz de las elecciones celebradas en fecha 30 de julio de 2000, no forma parte de las autoridades contempladas en la disposición prevista en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, razón por la cual esta Sala carece de competencia para conocer de la acción de amparo ejercida a su respecto. El conocimiento de dicha acción corresponde, a tenor de lo previsto en el artículo 7 eiusdem, a un Tribunal competente, en primera instancia, en la materia afín a la naturaleza del derecho o de la garantía constitucional violado o amenazado de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar del hecho constitutivo del presunto agravio.

Por las razones expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la acción de amparo constitucional ejercida, en fecha 6 de julio de 2000, por los ciudadanos JOSÉ CANDELARIO CASU, ADÁN DÍAZ MORLES, TONY NAVAS ZAMBRANO, ALCIBÍADES OROPEZA PEÑA, ALIRIO JOSÉ PÉREZ, LUIS HORACIO RIVERO, HILARIO CRUZ GUZMÁN GIL, JOSÉ GREGORIO JIMÉNEZ LAYA Y EDDY NELSON COLMENAREZ, contra “los actos administrativos proveniente (sic) de la Comisión Legislativa Transitoria del Estado Portuguesa de fechas (sic) 27 de marzo del 2000, oficio N° 092 (...), y de fecha 11 de Abril del 2000, Oficio 149 (...) “, y declara que el Tribunal competente, para conocer de la presente acción, es el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en la ciudad de Barquisimeto, al cual deberá remitirse el expediente.