Sentencia N° 26 Constitucional TSJ 2000: Sergio Enrique Arias Quevedo, Angela Iraima… vs Miguel Arturo Pacheco

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió en favor de la acción de amparo interpuesta por los ciudadanos Arias Quevedo contra la omisión del Juzgado Accidental Agrario de Primera Instancia del Estado Mérida en dictar sentencia en un juicio de cumplimiento de contrato de compraventa. La Sala constató que la falta de pronunciamiento del juez constituía una violación a los derechos de los demandantes a obtener una respuesta oportuna por parte de la administración de justicia, tal como lo establece la Constitución y la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La decisión revoca la sentencia del Juzgado Superior Primero Agrario que había declarado improcedente el amparo, argumentando que no se había demostrado incompetencia del juez. La Sala enfatiza que la acción de amparo es procedente ante la omisión de pronunciamiento judicial, y que el Juzgado Superior Agrario es competente para conocer de la acción de amparo en este caso. Finalmente, se ordena al Juzgado Accidental Agrario que se pronuncie sobre el caso en un plazo de 30 días, y se remite copia del fallo a las autoridades correspondientes para establecer responsabilidades por los retardos en el proceso judicial.

Como viene señalando esta Sala Constitucional, la Constitución vigente, publicada en la Gaceta Oficial el 30 de diciembre de 1999, consagra en su Título III los derechos y garantías constitucionales de los cuales goza toda persona, destacando entre sus disposiciones generales el contenido del artículo 27, norma que en primer término precisa el derecho de toda persona a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los mismos, aun de los que son inherentes a la persona que no figuren expresamente en la Carta Magna o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Para ello establece el procedimiento de la acción de amparo que “… será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad…” teniendo la autoridad judicial competente la potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Igualmente, ha precisado este Máximo Tribunal, por lo que respecta al señalamiento de la distribución de las competencias entre los tribunales de la República, que el constituyente dejó dicha función al legislador, correspondiéndole a éste último repartir entre los distintos órganos las respectivas porciones del poder jurisdiccional. En tal sentido, y como quiera que, a excepción de la Constitución de 1961, el resto del ordenamiento jurídico mantiene su vigencia en todo lo que no contradiga a la nueva Carta Magna, vendría la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales a determinar las pautas para establecer la competencia de los diferentes tribunales en esta materia. En el presente caso, la acción de amparo fue planteada contra la omisión del Juez Accidental Agrario de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida. Ahora bien, establece el artículo 4 de la Ley de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales lo siguiente: “Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva.” Al considerar este supuesto, es menester añadir que si bien se menciona en la norma el amparo contra "una resolución, sentencia o acto" del tribunal, debe entenderse comprendida además en la misma disposición, la posibilidad de accionar en amparo contra un tribunal por su falta de pronunciamiento; situaciones que constituyen una omisión que, podría también ser susceptible de configurar un caso de violación de derechos de rango constitucional, y por tanto equiparable a un vicio de incompetencia del tribunal "latu sensu" -en sentido material y no sólo formal- que, como ha interpretado la Corte, es el que debe atribuírsele al término "incompetencia" a que se refiere la referida norma.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente acción de amparo, y en consecuencia, REVOCA la decisión dictada en fecha 17 de enero de 1990 por el Juzgado Superior Primero Agrario en la acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos SERGIO ENRIQUE ARIAS QUEVEDO, ANGELA IRAIMA ARIAS QUEVEDO, JOSÉ AGUSTÍN ARIAS QUEVEDO, MARÍA ELIZABETH ARIAS QUEVEDO y MARCO TULIO ARIAS QUEVEDO, contra la omisión del Juzgado en dictar sentencia en la causa interpuesta por el ciudadano Tulio Enrique Arias Carrillo contra el ciudadano Miguel Arturo Pacheco, por cumplimiento de contrato de compraventa para la entrega de la totalidad del inmueble objeto de la negociación, ubicado en jurisdicción del Municipio Santos Marquina, Estado Mérida, signada con el N° 291. En consecuencia, se ordena remitir el expediente al referido Juzgado Superior Primero Agrario a los fines legales consiguientes. Sin embargo, en aras de la celeridad procesal que debe imperar en todo proceso de amparo constitucional se ordena a la Secretaría de esta Sala remitir copia certificada del presente fallo al Juzgado Accidental Agrario de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida para que proceda, si aún está pendiente, a pronunciarse en la causa antes referida, en un plazo de 30 días continuos, debiendo enviar copia certificada a esta Sala, en prueba de cumplimiento de lo aquí ordenado, tan pronto como la misma sea publicada.