Sentencia N° 2593 Constitucional TSJ 2001: ARMINIO LUGO RODRÍGUEZ y ANA ROSA CAMACHO DE… — Amparo constitucional interpuesto…

TSJ/SC, Sent. N° 2593, Exp. 00-1654, 11/12/2001 · 11 de diciembre de 2001
Expediente00-1654
Parte actora / solicitanteARMINIO LUGO RODRÍGUEZ y ANA ROSA CAMACHO DE LUGO
PonenteJOSÉ M. DELGADO OCANDO
MateriaConstitucional
Tipo de recursoAmparo Constitucional
Fecha de la decisión2001-12-11
DecisiónCon Lugar

Resumen

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre el amparo constitucional interpuesto por Arminio Lugo Rodríguez y Ana Rosa Camacho de Lugo contra una sentencia del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito. La Sala confirmó la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Menores, que había declarado con lugar los recursos de amparo, argumentando que se había violado el derecho al debido proceso y a ser juzgados por sus jueces naturales. La Sala destacó la importancia de que el recurso de invalidación sea procesado por el mismo juez que dictó la sentencia impugnada.

Extracto de la motiva

De las actas del proceso se desprende que el fundamento de la presente acción de amparo es la violación del debido proceso y el derecho de ser juzgados por sus jueces naturales, contemplados en el artículo 49.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda vez que ejercido el recurso de invalidación no ha sido procesado por el Tribunal que dictó la sentencia en el proceso que se intenta invalidar. En este sentido, estima la Sala que deben hacerse algunas consideraciones sobre la naturaleza del recurso de invalidación. La invalidación, considera esta Sala, no es más que un recurso extraordinario contemplado por la ley con la finalidad de enervar los efectos de una sentencia que tiene como fundamento hechos falsos o fraudulentos imputables a una de las partes, y que llevan al juzgador a tomar una decisión contraria a la ley. Como se desprende de lo anteriormente expuesto el hecho falso o fraudulento es imputable a una de las partes, y es esta la razón por la cual la invalidación debe ser propuesta ante el mismo juez que dictó la sentencia objeto del mencionado recurso, ya que si el acto fraudulento fuera imputado al juez, carecería de sentido que el recurso se propusiera ante el mismo órgano que produjo el vicio por el cual es atacada la sentencia. El presente razonamiento tiene su fundamento legal en el artículo 329 del Código de Procedimiento Civil, que a tales efectos contempla: “Artículo 329: Este recurso se promoverá ante el Tribunal que hubiere dictado la sentencia ejecutoriada cuya invalidación se pida, o ante el Tribunal que hubiere homologado el acto que tenga fuerza de tal”. En consecuencia, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, al dictar la sentencia del 11 de febrero de 2000, en la cual declaró competente para conocer del recurso de invalidación al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, lesionó el derecho que tienen los accionantes de ser Juzgados por sus jueces naturales, al considerar competente para conocer del recurso de invalidación propuesto por los hoy accionantes, un Tribunal distinto de aquel que dictó la sentencia objeto de la invalidación.

Dispositiva

CONFIRMA la decisión dictada el 8 de mayo del 2000, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, mediante la cual declaró con lugar las acciones de amparo constitucional interpuestas por los ciudadanos Arminio Lugo Rodríguez y Ana Rosa Camacho de Lugo, debidamente asistidos por el abogado Karl Edward Churión Martínez, contra la sentencia del 11 de febrero del 2000, dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la misma Circunscripción Judicial. Queda en los términos expuestos resuelta la consulta ordenada.

Palabras clave

amparo constitucionaldebido procesojueces naturalesrecurso de invalidaciónsentenciajurisdicciónEstado Lara

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