Sentencia N° 2586 Constitucional TSJ 2001: Agueda Esperanza Lezama vs Simón Moya — Incompetencia en consulta de Ley de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la consulta de Ley relacionada con la acción de amparo constitucional interpuesta por Agueda Esperanza Lezama. La Sala determinó su incompetencia para conocer del caso, remitiendo los autos a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, que es el tribunal competente para conocer de la apelación o consulta según lo establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La decisión se fundamenta en la normativa que establece la competencia de los tribunales en materia de amparo.

Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer de la presente consulta de Ley, conforme lo establece el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. A tal efecto observa: Conforme a la sentencia de la Sala, del 14 de marzo de 2000, la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo es el Tribunal Superior competente, respecto a los Juzgados Superiores en lo Contencioso Administrativo, a fin de conocer la apelación o consulta a que se refiere el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se declara.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE para conocer de la consulta de Ley, de la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana AGUEDA ESPERANZA LEZAMA, titular de la cédula de identidad nº 5.553.419, asistida por el abogado Claudio Zamora Fernández, contra el acto administrativo contenido en la comunicación del 11 de diciembre de 2000, emanado por el ciudadano Simón Moya en su condición de Presidente del Instituto de Salud Pública del Estado Bolívar; en consecuencia ORDENA la remisión de los autos a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo por corresponderle a dicho órgano jurisdiccional su conocimiento y decisión.