Sentencia N° 2582 Constitucional TSJ 2001: Mahmud Antonio Abul Blanco, Mahmoud Aboul… vs Servicios El Toro, C.A.

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Mahmud Antonio Abul Blanco y Mahmoud Aboul Hassan Abilhoch contra la decisión del Juzgado Tercero de Primera Instancia que declaró sin lugar la oposición a un embargo ejecutivo. La Sala consideró que la homologación de una transacción realizada sin que la decisión sobre la oposición al embargo estuviera firme violó el derecho a la tutela judicial efectiva de los accionantes. Por lo tanto, se revocó la sentencia del Juzgado Superior y se declaró la nulidad de la homologación de la transacción y de todas las actuaciones posteriores.

Para decidir la Sala considera lo siguiente: Los solicitantes interpusieron acción de amparo constitucional contra la sentencia que declaró sin lugar la oposición al embargo ejecutivo realizada por el ciudadano Mahmud Antonio Abul Blanco, hoy accionante en amparo, en el juicio por cobro de bolívares por intimación que sigue el ciudadano Leopoldo Antonio Saavedra González contra la sociedad mercantil Servicios El Toro, C.A., y alegaron que dicha decisión judicial lesionó su derecho a la defensa, el derecho a la tutela judicial efectiva y a la garantía del debido proceso. Sin embargo, observa la Sala que el a quo cuando delimitó la controversia, señaló que los accionantes denunciaron como lesiva la obligación objeto del procedimiento de ejecución que tiene su origen en la homologación de la transacción realizada por el presunto agraviante mediante providencia del 1º de febrero de 2000; con respecto a la cual señaló que, mediante la transacción, las partes dispusieron de los mecanismos ejecutivos del proceso al solicitar al órgano jurisdiccional accionado, colocar en estado de ejecución una pretensión no debatida en juicio, que lesionó de esta manera el derecho a la defensa del ciudadano Mahmud Antonio Abul Blanco, ya que a éste se le privó de la posibilidad de reaccionar frente a la agresión a su situación patrimonial. También juzgó que dicha homologación transgredió formas procedimentales al cambiar los mecanismos procesales de la ejecución, y quebrantar así el debido proceso. En relación con lo anterior, esta Sala difiere del fallo consultado respecto de que la disposición por las partes de las formas procesales de la ejecución del fallo, mediante actos de composición procesal implica un quebrantamiento al debido proceso. En este orden de ideas, la Sala advierte que la transacción, como medio de composición procesal que se origina en la voluntad de las partes, se puede llevar a cabo en distintas oportunidades. En tal sentido, la transacción puede celebrarse fuera de la litis, a los fines de precaver una eventual demanda tal y como lo prevé el artículo 1.713 del Código Civil; también puede realizarse en cualquier estado y grado del proceso, a los fines de poner fin a un juicio pendiente, como lo dispone el artículo 256 del Código de Procedimiento Civil; y por último, puede efectuarse después de recaída sentencia firme con el propósito de afectar la ejecución de lo juzgado, como lo establece el artículo 525 eiusdem.

REVOCA la sentencia del 26 de julio de 2000, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y declara PARCIALMENTE CON LUGAR la acción de amparo constitucional incoada por los ciudadanos MAHMUD ANTONIO ABUL BLANCO y MAHMOUD ABOUL HASSAN ABILHOCH. En consecuencia, se declara la nulidad del auto dictado el 1º de febrero de 2000, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en los Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, mediante le cual se homologó la transacción celebrada en la misma fecha entre Servicios El Toro, C.A. y el ciudadano Leopoldo Antonio Saavedra González, y de todo lo actuado con posterioridad a dicho acto procesal. Se ordena al Juzgado Tercero de Primera Instancia en los Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, advertir a las partes del juicio que en virtud de la falta de homologación de la transacción realizada, la misma no puede ser ejecutada y que los actos realizados, como consecuencia de dicha transacción, son igualmente nulos, en virtud de la nulidad declarada por esta Sala.