Sentencia N° 257 Constitucional TSJ 2000: Nikira DEL Carmen Quintero Valero vs Orlando de La Trinidad Quintero

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió la acción de amparo constitucional interpuesta por Nikira del Carmen Quintero Valero y Tulio Amado Valero contra la decisión del Tribunal Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Agrario, del Trabajo y de Menores de Barinas, que declaró con lugar la apelación de Orlando de La Trinidad Quintero sobre la retención de pensiones alimentarias. La Sala consideró que la medida de retención debía ser limitada a doce mensualidades, garantizando así el cumplimiento de la obligación alimentaria sin afectar los derechos de las menores.

La sentencia objeto de la presente acción de amparo, dictada en fecha 15 de febrero del año 2000 por el referido Tribunal Superior de Menores, declaró con lugar la apelación que interpusiera Orlando de La Trinidad Quintero, contra la decisión del Tribunal de Primera Instancia mencionado, que negó su solicitud de devolución de las cantidades de dinero que excedían el monto de los veinticuatro meses a que se refiere el artículo 48 de la Ley Tutelar de Menores. En este sentido, la sentencia señaló que la medida de retención fue decretada el 27 de octubre de 1997, en razón de lo cual, para el momento de dictarse esa decisión -15 de febrero del año 2000- ya habían transcurrido más de los veinticuatro meses a que se refiere el mencionado artículo 48, sin que hasta esa fecha el Juez de Primera Instancia hubiera ampliado tal número de mensualidades, por lo que en principio se debería decretar la liberación de las cantidades retenidas. Ahora bien, la sentencia estimó que tratándose de una materia de orden público, y a fin de garantizar el cumplimiento de la obligación alimentaria, acordó retener de las prestaciones sociales, un monto correspondiente a doce (12) mensualidades, lo que representa la cantidad de un millón doscientos mil bolívares (Bs. 1.200.000,oo), por ser cada una de éstas de cien mil bolívares. En virtud de lo antes expuesto, el Tribunal ordenó la liberación de las prestaciones sociales que excedieran el señalado monto de Bs.1.200.000,oo.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Se ADMITE la acción de amparo constitucional interpuesta contra la sentencia dictada el 15 de febrero del año 2000, por el Juez Superior Accidental en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas y en consecuencia se ordena su notificación o la de quien haga sus veces o conozca de la causa, para que concurra a la audiencia oral y pública en el día y hora que fije la Secretaría de esta Sala, verificada como sea su notificación en el presente expediente. La falta de comparecencia del Juez accionado no se entenderá como aceptación de los hechos imputados. SEGUNDO: Notifíquese de la presente acción al Fiscal General de la República, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. TERCERO: Hágase saber de la presente acción al ciudadano Orlando de la Trinidad Quintero, contraparte en el juicio principal, a través del titular del Tribunal accionado. CUARTO: IMPROCEDENTE la medida cautelar innominada solicitada. Publíquese, regístrese, y notifíquese. Líbrense las correspondientes boletas de notificación. Cúmplase lo ordenado.