Sentencia N° 2557 Constitucional TSJ 2001: Ruth Carmona vs Carlos Alberto Fernández Iguarán — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia conoció de la apelación interpuesta por la abogada Ruth Carmona en representación de Carlos Alberto Fernández Iguarán, quien había sido condenado a 15 años de prisión. La apelación se basó en la falta de notificación de la sentencia y la supuesta violación de derechos a la defensa y al debido proceso. La Sala determinó que la sentencia fue publicada dentro del lapso legal y que las partes estaban notificadas, por lo que no se vulneraron los derechos del accionante.

Analizados como ha sido los autos, esta Sala pasa a decidir la apelación sometida a su conocimiento, previa las siguientes consideraciones: Observa esta Sala, del escrito formulado por la defensora del accionante, que la presunta violación al derecho a la defensa y al debido proceso provino de la omisión del Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia de notificar a las partes, habida cuenta que -según alega- la sentencia se dictó fuera del lapso establecido en el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal. En este sentido se evidencia, del cómputo de los lapsos de los días de despacho (folio 208 del expediente), que el Juzgado de Juicio dictó el acta del debate oral el día 14 de diciembre de 2000, y el 2 de enero de 2001, publicó el fallo definitivo. Ahora bien del 14 de diciembre de 2000 al 2 de enero de 2001, transcurrieron once días hábiles para que el tribunal publicara el texto íntegro del fallo. Por otra parte advierte este Alto Tribunal que el 3 de enero de 2001, la abogada Ruth Carmona solicitó al Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia “...copia certificada de todo el expediente el expediente No. 2m-80-00 y cómputo de los lapsos desde la fecha de juicio (14-12-01) hasta la fecha de su publicación (02-01-01)”. Asimismo se evidencia del escrito contentivo del amparo que, el 22 de enero de ese mismo año, la defensora del accionante compareció ante el referido juzgado de control, y solicitó mediante diligencia “...el saneamiento del acto viciado de la remisión del expediente 2M-80-00 al Juzgado de Ejecución, ya que ello era un acto viciado y debía corregirse puesto que no habían notificado a las partes de la sentencia”. Ahora bien, establece el artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal lo siguiente: La sentencia se pronunciará siempre en nombre de la República. Redactada la sentencia, el tribunal se constituirá nuevamente en la sala de audiencia, después de ser convocadas verbalmente todas las partes en el debate, y el texto será leído ante los que comparezcan. La lectura valdrá en todo caso como notificación, entregándose posteriormente copia a las partes que la requieran. E1 original del documento se archivará. (Subrayado nuestro) Terminada la deliberación la sentencia se dictará en el mismo día. Cuando la complejidad del asunto o lo avanzado de la hora tornen necesario diferir la redacción de la sentencia, en la sala se leerá tan sólo su parte dispositiva y el juez presidente expondrá a las partes y público, sintéticamente, los fundamentos de hecho y de derecho que motivaron la decisión. La publicación de la sentencia se llevará a cabo, a más tardar, dentro de los diez días posteriores al pronunciamiento de la parte dispositiva. Lo anterior evidencia que si bien, el tribunal debe dictar decisión a más tardar dentro de los diez días posteriores al pronunciamiento de la sentencia, con la lectura de la dispositiva en el juicio oral las partes se encuentran notificadas de la decisión y por tanto están a derecho para ejercer los recursos que la ley establece para el ejercicio de su defensa.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por la abogada Ruth Carmona, actuando con el carácter de defensora de CARLOS ALBERTO FERNÁNDEZ IGUARÁN, en consecuencia CONFIRMA la decisión del 20 de febrero de 2001, dictada por la Sala No. 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, que declaró sin lugar la acción de amparo constitucional, ejercida por la referida defensora contra los ciudadanos Zulai Struve y Ricardo Colmenares, jueces suplente y titular del Juzgado Segundo de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia. Publíquese, regístrese y notifíquese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.