Sentencia N° 2552 — Sala Constitucional del TSJ, 24 de septiembre de 2003

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronuncia sobre la demanda de nulidad interpuesta contra el Decreto Nº 1850, que regula el uso de la Reserva Forestal Imataca. La Sala declara su incompetencia para conocer de la demanda, argumentando que la nueva Constitución de 1999 ha excluido a esta Sala del conocimiento de demandas contra decretos presidenciales de rango sub-legal, atribuyendo dicha competencia a la Sala Político-Administrativa. La decisión se basa en la interpretación de la jurisdicción constitucional y contencioso-administrativa establecida por la Constitución vigente.

La jurisdicción constitucional se define según los actos impugnables y, en ese sentido, sólo abarca actos con rango de ley, provengan de la Asamblea Nacional o del Presidente de la República, o actos de órganos deliberantes estadales y municipales, siempre que ellos emanen como aplicación directa e inmediata del texto constitucional. La jurisdicción contencioso-administrativa, en cambio, está concebida para conocer de actos sub-legales, sin importar el vicio que se les impute. En tal virtud, no es la violación de una norma fundamental lo que permite a la jurisdicción constitucional conocer de un acto, como sucedía con anterioridad, sino la jerarquía del mismo. Por ello, un acto sub-legal, así se le imputen variados vicios de inconstitucionalidad, no corresponderá a la jurisdicción constitucional, la cual se le ha asignado a esta Sala en el artículo 334 de la vigente Carta Magna.

1. Se declara INCOMPETENTE para conocer de la acción de nulidad interpuesta por los ciudadanos ALEXANDER LUZARDO, JOSE MOYA, ALICIA GARCIA, MARIA EUGENIA BUSTAMANTE, FRANK BRACHO y JUAN SANS, antes identificados, contra el DECRETO Nº 1850, publicado en la Gaceta Oficial Nº 36.215, del 28 de mayo de 1997, contentivo del PLAN DE ORDENAMIENTO Y REGLAMENTO DE USO DE LA RESERVA FORESTAL IMATACA, ESTADOS BOLIVAR Y DELTA AMACURO. 2. ORDENA remitir de inmediato el expediente a la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia, para que conozca de la presente causa en el estado en que se encuentra.