Sentencia N° 255 — Sala Constitucional del TSJ, 12 de agosto de 2019

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia admitió un recurso de nulidad interpuesto por el Banco Provincial S.A. contra varios artículos de una ordenanza municipal en Maracaibo, alegando inconstitucionalidades y la imposibilidad de ejecución de la norma. La Sala se declaró competente para conocer del caso y admitió la medida cautelar solicitada, suspendiendo los efectos de la ordenanza impugnada hasta que se decida la causa principal. Se instó a la conformación de una mesa técnica entre la Alcaldía y los contribuyentes para analizar las disposiciones de la ordenanza.

Precisado lo anterior, debe analizarse en primer término, la concurrencia de los elementos previstos en la Ley, los cuales determinan, tal como antes se refirió, la procedencia de las medidas cautelares. En primer lugar, el fumus boni iuris, con el objeto de concretar la presunción grave de violación o amenazas de violación, que emana de los argumentos de inconstitucionalidad formulados; y, en segundo lugar, el periculum in mora, elemento éste determinable por la sola verificación del requisito anterior, pues la circunstancia de que exista presunción grave de violación de un derecho constitucional, el cual por su naturaleza debe ser restituido de forma inmediata, conduce a la convicción de que debe preservarse ipso facto la actualidad de ese derecho, ante el riesgo inminente de causar un perjuicio irreparable en la definitiva a la parte que alega la lesión. Así las cosas, al proceder la inaplicación cuando un interés de orden jurídico lo justifique, con base en el imperio del derecho y la justicia, el cual rige no sólo a favor del Estado sino también en beneficio de los particulares, esta Sala debe llevar a cabo la verificación de si en el presente caso concurren los extremos de procedencia de las medidas cautelares ya referidos –el peligro en la mora “periculum in mora” y la presunción de buen derecho “fumus boni iuris”- (vid. sentencia Nº 756, del 5 de mayo de 2005, caso: Defensor del Pueblo). En el presente caso, esta Sala observa que a la luz de las disposiciones constitucionales referidas como violadas en el escrito de nulidad, en especial la que refiere la competencia del Poder Público Nacional en materia financiera, fiscal y económica, artículo 318 de la Carta Magna, se desprende que en principio -sin que ello implique adelantar opinión respecto de la resolución del mérito de la pretensión de nulidad y sí sólo como argumento jurídico referencial- podría existir disconformidad entre la Ordenanza impugnada, sus actos de ejecución y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se trata de una materia referida a la potestad tributaria o impositiva, que involucra preceptos que establecen algunos principios de coordinación en el ejercicio de las competencias para legislar en materia financiera, fiscal y monetaria. De igual forma debe señalarse que, del análisis de los requisitos de Ley sobre la procedencia de la medida cautelar solicitada, se desprende, con respecto al fumus boni iuris, que en el caso sub judice el mismo emana de los argumentos de inconstitucionalidad formulados y de la obligación impuesta en una de las normas impugnadas que genera responsabilidad y consecuentes sanciones. Por otra parte, del análisis de los argumentos de la parte actora, se advierte el peligro de infructuosidad del fallo final -periculum in mora- dado que sería posible, de la aplicación de la norma impugnada, causar un gravamen irreparable para todos los contribuyentes del ISAE en el Municipio Maracaibo, quienes se verán obligados a adelantar un impuesto mayor al debido; así como para los bancos como el recurrente, quienes deberán desarrollar su plataforma tecnológica para las exigencias y su incumplimiento generará responsabilidad solidaria de las obligaciones tributarias.

1.- COMPETENTE para conocer el recurso de nulidad por inconstitucionalidad ejercido. 2.- ADMITE el referido recurso de nulidad. 3.- ORDENA notificar a la parte recurrente y citar a los funcionarios pertinentes. 4.- ACUERDA la medida cautelar solicitada y SUSPENDE LOS EFECTOS de la Ordenanza impugnada. 5.- Se MANTIENE EN PLENA APLICACIÓN la Ordenanza anterior. 6.- Se INSTA a la conformación de una mesa técnica. 7.- ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación.