Sentencia N° 2546 Constitucional TSJ 2001: RAMÓN ROSARIO CARMONA GARCÍA, JUAN CARLOS… — Derechos fundamentales

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictó una sentencia de amparo constitucional a favor de los ciudadanos Ramón Rosario Carmona García, Juan Carlos Paredes Rodríguez y Carín José González Salazar, quienes alegaron violaciones a sus derechos constitucionales por fallos de la Corte Marcial. La Sala encontró que las decisiones impugnadas infringieron el derecho al debido proceso y a ser juzgados por jueces imparciales, lo que llevó a declarar la nulidad de dichas sentencias. Se ordenó la reposición del caso penal para que se dicte una nueva decisión de alzada, respetando el contenido del fallo.

La Sala observa que, tanto la decisión que resultó casada como la que, por consecuencia de dicha nulidad, hubo de ser dictada por la Corte Marcial, aparecen suscritas por los mismos jueces e, incluso, por la misma Secretaria. Tal actuación de los integrantes del referido órgano jurisdiccional infringió el deber de imparcialidad, que es característica del juez natural, como lo ha dejado establecido previamente este Máximo Tribunal, e impuesto, entre otros, por los artículos 26 de la Constitución, XXVI de la vigente Declaración Americana sobre los Derechos y Deberes del Hombre, y 8.1 de la igualmente vigente Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). Por consiguiente, configuró una evidente violación del derecho constitucional al debido proceso, en los términos del artículo 49 de la Constitución, en concordancia con el artículo 26 eiusdem; infracción que condujo, necesariamente, a una situación de indefensión de los quejosos de autos, cuya posibilidades de defensa procesal resultaron seriamente menoscabadas frente a quienes los habían pronunciado, previamente, culpables.

CON LUGAR la demanda de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos RAMÓN ROSARIO CARMONA GARCÍA, JUAN CARLOS PAREDES RODRÍGUEZ y CARÍN JOSÉ GONZÁLEZ SALAZAR, contra las sentencias dictadas por la Corte Marcial, antes señaladas; en consecuencia, declara la nulidad de los referidos fallos y ORDENA: 1º) La reposición de la precitada causa penal al estado de que sea dictada nueva decisión de alzada, con estricta observancia del contenido del presente fallo; 2º) Que una vez constituido el Tribunal natural, éste se pronuncie sobre la procedencia o improcedencia, conforme a la ley, de la medida cautelar solicitada.