Sentencia N° 2545 Constitucional TSJ 2001: Asociación Civil Defensores Populares de la… vs Hugo Rafael Chávez Frías

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia declara inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por miembros de la Asociación Civil Defensores Populares de la Nueva República contra el Presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Los accionantes alegan que existen amenazas a sus derechos constitucionales debido a declaraciones del Presidente y del Alcalde del Municipio Libertador en relación a una marcha programada para el 7 de diciembre de 2001. La Sala argumenta que los accionantes no presentaron pruebas suficientes que demuestren la existencia de las amenazas alegadas, lo que lleva a la inadmisibilidad de la acción. Se enfatiza que las afirmaciones de las autoridades no constituyen una amenaza directa y que no se puede presumir que se van a producir hechos que impidan la movilización convocada. Finalmente, la Sala exhorta a los participantes de la marcha a respetar los derechos constitucionales y a garantizar la paz social, destacando la importancia de la convivencia pacífica en una sociedad democrática.

Como ha sido narrado anteriormente, la presente acción de amparo constitucional ha sido ejercida en contra del Presidente de la República y el Alcalde del Municipio Libertador. El señalamiento de tales funcionarios, podría en principio, generar dudas en cuanto al Tribunal competente para conocer de la solicitud formulada, ya que de acuerdo al reparto de competencias establecido en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, este alto Tribunal sólo debería conocer del amparo constitucional ejercido en contra del Presidente de la República, por así disponerlo el artículo 8º de la misma, que consagra: “La Corte Suprema de Justicia conocerá en única instancia, en la Sala de competencia afín con el derecho o garantía constitucionales violados o amenazados de violación, de la acción de amparo contra el hecho, acto u omisión emanado del Presidente de la República, de los Ministros, del Consejo Supremo Electoral y demás organismos electorales del país, del Fiscal General de la República, del Procurador General de la República o del Contralor General de la República”. No obstante, debe esta Sala, en aras de garantizar la unidad del conocimiento de la causa, evitar posibles decisiones contradictorias y en definitiva garantizar la estabilidad del derecho constitucional a la tutela judicial efectiva de los particulares, declarar, como lo ha hecho en oportunidades anteriores que le corresponde igualmente conocer de las presuntas violaciones de orden constitucional atribuidas a órganos distintos a los previstos en el artículo 8º de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales –como sería en este caso el Alcalde del Municipio Libertador- cuando éstas guarden conexión con las denuncias atribuidas a funcionarios incluidos en esa disposición (Presidente de la República). En consecuencia, este Tribunal Supremo de Justicia asume la unidad del conocimiento de la presente causa, y así se declara.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara con fundamento en el artículo 6 numeral 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados HIDALGO VALERO BRICEÑO, MANUEL PUENTES TORRES, RAMÓN MACHADO, JOSÉ VILLARROEL CORTES, actuando en su condición de miembros de la ASOCIACIÓN CIVIL DEFENSORES PUPULARES DE LA NUEVA REPUBLICA (D.P.R.). Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.