Sentencia N° 254 Constitucional TSJ 2001: Alejandro Acosta Mayoral vs Santiago Pérez Rodríguez — Resolución de contrato de…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia del 20 de febrero de 2001, revocó la decisión del Juzgado Superior Noveno que había declarado improcedente la acción de amparo interpuesta por Alejandro Acosta Mayoral. La Sala consideró que se había vulnerado el derecho a la defensa del accionante al ser declarado confeso fictamente, a pesar de haberse dado por citado en el proceso. La Sala determinó que el procedimiento seguido por el tribunal inferior no garantizó el debido proceso, lo que llevó a declarar con lugar la acción de amparo y a anular las sentencias previas dictadas en el juicio de resolución de contrato de subarrendamiento.

La presente acción de amparo se interpone contra la sentencia referida, dictada el 27 de noviembre de 2000, en la cual se sostiene el criterio de confesión ficta del demandado – agraviado por cumplirse “supuestamente” los extremos consagrados en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil... Denuncia el accionante conculcado por la decisión accionada, su derecho al debido proceso, consagrado en al artículo 48, ordinal 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en razón de que, en su criterio, en el decurso del procedimiento de primera instancia se verificaron infracciones de procedimiento oportunamente participadas al tribunal de la causa, tales como la aplicación de un procedimiento incompatible con el aplicado al inicio de la contienda judicial, en cuanto a los lapsos y que, a su decir, está excluido de aplicación por disposición del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, por tratarse, según afirma, de que el inmueble subarrendado es un terreno... En atención a lo expuesto, considera esta Sala, que al haber el presunto agraviante dado por citado al demandado, hoy accionante, el 20 de junio de 2000, al oponerse éste a la referida medida de secuestro, hecho verificado con anterioridad al auto de admisión válido de fecha 21 de junio de 2000, incurrió en un error de juzgamiento con el cual efectivamente le infringió al accionante su derecho constitucional a la defensa, por declararlo con vista a tal apreciación, confeso ficta, desechando a priori, en consecuencia, las defensas esgrimidas en el escrito presentado para contestar la demanda, y así lo declara.

Revoca la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2000, publicada el 18 de diciembre de 2000 por el Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; y Declara con lugar la acción de amparo intentada por Carlos Domínguez Hernández, Manuela Tomaselli Moccia y Mauricio Izaguirre Luján, en representación de Alejandro Acosta Mayoral, contra sentencia dictada el 27 de noviembre de 2000 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial, dictada al conocer éste en apelación ejercida contra sentencia de 2 de agosto de 2000, dictada por el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la misma Circunscripción Judicial, en el juicio por resolución de contrato incoado por Santiago Pérez Rodríguez contra el accionante de la presente causa; Declara nulas las sentencias dictadas por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas el 27 de noviembre de 2000 y por el Juzgado Décimo Noveno de Municipio de la misma Circunscripción Judicial el 2 de agosto de 2000, ambas en el referido juicio; en consecuencia, Decreta la reposición del mismo, al estado de admisión de la demanda en la primera instancia y Ordena la remisión inmediata del presente expediente a dicho tribunal a los fines legales consiguientes.