Sentencia N° 2533 Constitucional TSJ 2001: Carmen Teresa Alcina Fernández — Amparo Constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la demanda de amparo interpuesta por Carmen Teresa Alcina Fernández contra la sentencia del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil del Estado Zulia. La demandante alegó violaciones a su derecho a la defensa en el proceso de interdicción de su hermano, argumentando que el tribunal no consideró sus alegatos y que la notificación al Ministerio Público fue tardía, lo que afectó la validez del juicio. La Sala concluyó que no hubo violación al debido proceso ni al derecho a la defensa, ya que la notificación al Ministerio Público se realizó conforme a lo establecido en el Código de Procedimiento Civil. Además, se determinó que la tutela solicitada no cumplió con los requisitos necesarios para su procedencia. Por lo tanto, se declaró sin lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la demandante. Finalmente, la decisión fue firmada y sellada en Caracas el 4 de diciembre de 2001, con la participación de los magistrados de la Sala Accidental Constitucional.

Corresponde a la Sala pronunciarse sobre la demanda de amparo intentada contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior del Tránsito y Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. Para ello, se observa que la sentencia motivadora de este amparo, pronunciada el 9 de marzo de 2001, fue proferida con posterioridad a la notificación del Ministerio Público, pero con fundamento en actuaciones sumariales que fueron realizadas con anterioridad a dicha notificación, lo cual revela que el Tribunal del fallo antes mencionado no realizó la notificación del Ministerio Público inmediatamente después del respectivo auto de admisión, sino después de actuaciones previstas en el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil que, necesariamente, dieron soporte al citado auto del 09 de marzo de 2001. Tal proceder del Tribunal mencionado transgredió el imperativo del artículo 132 del Código de Procedimiento Civil, según el cual “al admitir la demanda (se) notificará inmediatamente mediante boleta al Ministerio Público, bajo pena de nulidad de lo actuado, sin haberse cumplido dicha notificación. La notificación del Ministerio Público será previa a toda otra actuación”. Con fundamento en el razonamiento precedente, concluye esta Sala que no hubo violación alguna al debido proceso ni al derecho a la defensa en la forma específicamente denunciada por la demandante en amparo. Por otra parte, La Sala observa con preocupación lo expuesto por la representante del Ministerio Público en relación con la posibilidad de subsanación en cuanto a la notificación omitida, posibilidad que debe tenerse como excluida por tratarse de materia de orden público, lo cual resulta patente de la propia redacción del texto legal parcialmente transcrito en este fallo. Se trata, pues, de una formalidad esencial en la especie de proceso al que se han referido los hechos (interdicción), por lo que tampoco puede considerarse que en el asunto que se examina, hubo sacrificio de “...la justicia por la omisión de formalidades no esenciales”. Adicionalmente, la Sala observa que no es cierto lo alegado por la actora de que el artículo 733 del Código de Procedimiento Civil sea norma de preferente aplicación, en los procedimientos de interdicción, en relación con el artículo 132 eiusdem, ya que esta norma es de aplicación en todos los juicios mencionados en el artículo 131 del mismo Código, entre los cuales se encuentran los de interdicción, por expresa aplicación del cardinal 1 de la norma anteriormente citada, en concordancia con el 130 del mismo cuerpo normativo. Finalmente, la tutela pretendida no cumplió con los dos requisitos exigidos para su procedencia, a saber: la actuación del juez fuera de su competencia y la extralimitación de funciones.

Por los razonamientos expuestos, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta por los abogados Lothar Stolvon, Edith Urdaneta de Lameda, Joaquín Silveira Ortiz y Magaly Alberti Vásquez, representantes judiciales de la ciudadana CARMEN TERESA ALCINA FERNÁNDEZ, contra sentencia dictada, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, el 21 de mayo de 2001.