Sentencia N° 2517 Constitucional TSJ 2001: Luisa Fernanda Ariza Matos — Apelación de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación interpuesta por los defensores de Luisa Fernanda Ariza Matos, quien había solicitado un amparo constitucional por presuntas violaciones a sus derechos fundamentales. La Sala declaró sin lugar la apelación y revocó la decisión de la Corte de Apelaciones, considerando que la acción de amparo no debió admitirse por no haberse agotado los recursos ordinarios. Se argumentó que la orden de allanamiento y los actos procesales posteriores eran válidos y que no se vulneraron los derechos alegados por la accionante.

Corresponde a esta Sala pronunciarse sobre la apelación interpuesta, para lo cual, previamente, debe establecer su competencia para conocer de la misma. A tal efecto, se observa: En el presente caso, la decisión, contra la cual apelaron los defensores privados de la quejosa, emanó de la Sala N° 9 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, la cual conoció en primera instancia de un amparo constitucional ejercido por la presunta violación de derechos y garantías constitucionales por parte de dos Tribunales jerárquicamente inferiores. Por tales motivos, esta Sala congruente con los criterios establecidos en los fallos del 20 de enero de 2000 (caso: Emery Mata Millán) y del 8 de diciembre de 2000 (caso: Yoslena Chanchamire Bastardo), se declara competente para conocer de la presente apelación. Así se decide. Ahora bien, esta Sala precisa, según los alegatos de los defensores privados de la accionante, que la presente acción de amparo ha sido interpuesta contra presuntas violaciones al derecho a la inviolabilidad del hogar, al debido proceso, a la defensa, a la libertad personal, a ser juzgado en libertad, a la presunción de inocencia y al acceso a la justicia. En tal sentido, consideraron los abogados defensores que se cercenó el derecho a la inviolabilidad del hogar, al sostener que la orden de allanamiento N° 011-01, librada el 18 de mayo de 2001, por el Tribunal Trigésimo Cuarto de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, no cumplió con los requisitos previsto en el artículo 226 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable en el momento, por cuanto observaron que dicha orden contenía una búsqueda general de objetos en la residencia de la ciudadana LUISA FERNANDA ARIZA MATOS, obviando además, una sucinta identificación del procedimiento. En tal sentido, sostuvieron que la orden era nula conforme a lo previsto en el entonces artículo 208 eiusdem. Igualmente, alegaron que se cercenaron los derechos al debido proceso y a la defensa, al considerar que la detención practicada a la ciudadana LUISA FERNANDA ARIZA MATOS, se hizo sin que mediara una orden judicial ni se tratara de un delito en flagrancia. En efecto, consideraron que era contradictorio que el Ministerio Público solicitara en la audiencia de calificación de flagrancia, celebrada el 21 de mayo de 2001, ante el Tribunal Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, que el proceso penal se siguiera por el procedimiento ordinario y no por el especial de flagrancia, cuando supuestamente había sido detenida su patrocinada por haber cometido delito en flagrancia. Además, señalaron que al haber ordenado el referido Tribunal de Control que el juicio debía seguir por el procedimiento ordinario, no era dado aplicar el artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual preveía la privación judicial preventiva de libertad.

PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por los defensores privados de la ciudadana LUISA FERNANDA ARIZA MATOS, contra la sentencia proferida el 16 de agosto de 2001, por la Sala N° 9. de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas; SEGUNDO: REVOCA la mencionada decisión proferida por el mencionado Tribunal colegiado; TERCERO: declara INADMISIBLE, a tenor de los dispuesto en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, la acción de amparo interpuesta por los defensores privados de la mencionada accionante. Así se decide.