Sentencia N° 2508 Constitucional TSJ 2001 — Medida privativa de libertad en caso de homicidio

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la medida privativa de libertad decretada por el Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Funciones de Juicio, en el contexto de un juicio por homicidio y lesiones. La decisión del juzgado fue fundamentada en la desaplicación del artículo 259 del Código Orgánico Procesal Penal, considerándolo inconstitucional por vulnerar principios y valores del Estado establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Sala destacó la importancia de la inaplicación de normas que colidan con la Constitución, enfatizando que el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales es esencial para evitar la impunidad. Se subrayó que la decisión del juzgado debía ser informada al Tribunal Supremo de Justicia, conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Finalmente, la Sala se dio por informada de la decisión del juzgado y ordenó su publicación y registro, cumpliendo con lo dispuesto en la normativa aplicable.

El requisito previsto en el artículo 259 de la reforma parcial del Código Orgánico Procesal penal (sic) debe desaplicarse por inconstitucional, en el caso concreto de autos, ya que impiden que se cumplan los principios y valores básicos del Estado previstos en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Impide que el Estado cumpla con los deberes que exigen los artículos 26 y 253 de la misma Constitución y provoca que el Juez penal permita que ocurra la impunidad, ya que si el sujeto señalado como imputado por los hechos narrados por el Ministerio Público no puede ser detenido sin antes oirlo (sic) en una audiencia, y si ante la gravedad de los hechos, la responsabilidad y la pena que llegaría a imponérsele el sujeto no comparece ante citaciones donde se requiere su presencia voluntaria, se podría producir la PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL y el hecho punible quedaría sin sanción, sometiendo el mismo Estado, con sus normas procesales, a que la colectividad no se vea satisfecha en la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo, haciéndose inexistente la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, todo según lo previsto en el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Publíquese, regístrese y remítase el expediente. Cúmplase lo ordenado.