Sentencia N° 2503 Constitucional TSJ 2001: Oscar Rafael Orellana Perdigón vs Juez Primera de Primera Instancia en lo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en respuesta a la apelación interpuesta por Oscar Rafael Orellana Perdigón, revocó la decisión del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo que había declarado sin lugar la demanda de amparo. La Sala concluyó que el Juez de Alzada incurrió en error al no valorar adecuadamente los derechos fundamentales del demandante, tales como el debido proceso y la defensa, que fueron vulnerados por la decisión judicial impugnada. En consecuencia, se declaró con lugar la acción de amparo y se restituyó la situación jurídica infringida.

En el presente proceso, la parte actora ha apelado ante esta Sala contra la decisión que produjo el Juez Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, quien, conociendo, como Juez constitucional de primera instancia, de la demanda de amparo interpuesta por el agraviado de autos contra la decisión, de 22 de mayo de 2000, de la Juez Primera de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de mantener la medida preventiva de embargo de la cual se tiene conocimiento en este proceso, declaró sin lugar la acción de amparo en referencia, sobre la base de que no podía entrar a evaluar o cuestionar los motivos de la decisión apelada, ni tampoco podía constituirse en una tercera instancia de revisión contra una decisión adversa; asimismo, que, por dichas razones, su pronunciamiento sobre la apreciación de la Juez en la sentencia impugnada en la demanda de amparo violaría los límites del ejercicio del poder conferido por la Constitución y las leyes. Al respecto, observa esta Sala que el accionante, de manera consistente y reiterada, como se colige del contenido de su escrito que sirve de encabezamiento a estas actuaciones, demandó pronunciamiento de amparo, por parte del Juez constitucional de primera instancia, en relación con derechos fundamentales de los cuales es titular, tales como los que conciernen al debido proceso, a la defensa, a la propiedad, a la posesión; violados, según denunció el agraviado, por una decisión judicial dictada en condiciones manifiestas y claras de abuso de poder y extralimitación de funciones. No se aprecia, en consecuencia, que el agraviado de autos hubiera demandado pronunciamiento sobre el fondo de la causa principal, sino, necesariamente, sobre el contenido de una decisión judicial definitiva, mediante la cual habrían resultado violados derechos constitucionales suyos, tomada, en su criterio, por un Tribunal que actuó fuera de su competencia, entendida esta última en los términos que reiteradamente ha afirmado el máximo Tribunal de la República. En este orden de ideas, se debe concluir que el Juez constitucional incurrió en claro error de Derecho, al decidir con base en supuestos distintos de los que fueron presentados por el agraviado de autos como fundamentales de la acción de amparo por él ejercida en el presente proceso y, asimismo, sin pronunciamiento sobre el petitorio expresado en su oportunidad por el accionante. Por tales razones, la decisión que, en primera instancia, fue dictada en este proceso de amparo debe ser revocada y así se decide.

Por las razones que anteceden, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara con lugar el recurso de apelación del cual se conoce en la presente instancia y, en consecuencia, REVOCA la sentencia que dictó el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, el 11 de julio de 2000, por la cual fue declarada sin lugar la demanda de amparo constitucional que interpuso Oscar Rafael Orellana Perdigón contra la decisión dictada, el 22 de mayo del mismo año, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Consiguientemente, declara CON LUGAR la acción de amparo ejercida por el legitimado activo, Oscar Rafael Orellana Perdigón, asistido por la abogada María Alejandra Vásquez Mora, el 13 de junio de 2000, contra la sentencia dictada, el 22 de mayo de 2000, por la agraviante en el presente proceso, que lo es la Juez Primera de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por el cual declaró sin lugar la oposición, interpuesta por el precitado agraviado, Oscar Rafael Orellana Perdigón, a la medida de embargo decretada el 22 de septiembre de 1999, por la Juez Segunda del Municipio Iribarren, de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, dentro del juicio por cobro de bolívares intentado por las abogadas Ana Sonia Sánchez y Aura Ottamendi de Romero contra el ciudadano Oscar Fulgencio Orellana Querales y la empresa Impresiones Gráficas Orellana. Quedan anulados, en consecuencia, dicha decisión y sus efectos, con lo cual se restituye la denunciada situación jurídica infringida. Por otra parte, como quiera que, según consta en el folio 58 de estas actuaciones, en la ejecución de la medida preventiva ya referida anteriormente actuó, como asistente del demandado, la abogada Magalis Muñoz Muñoz, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 26.443, y, según denuncia del representante judicial del legitimado activo, como consta en los folios 110 y 191, dicha profesional es, a su vez, socia profesional de las abogadas demandantes, por lo cual, se estaría en presencia de la comisión de un delito de acción pública, como lo es el descrito en el artículo 251 del Código Penal, se ordena notificar de ello al Ministerio Público, para lo previsto en el artículo 292 del Código Orgánico Procesal Penal.