Sentencia N° 2491 Constitucional TSJ 2001: Jesús Daniel RON Carrero — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Jesús Daniel Ron Carrero, quien alegó violación de sus derechos a la defensa y al debido proceso. La Sala constató que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia no notificó adecuadamente a las partes, lo que impidió el ejercicio de los recursos legales. En consecuencia, se confirmó la decisión del Juzgado Superior Tercero que declaró con lugar la acción de amparo.

Esta Sala observa que, del texto de la sentencia del 29 de octubre de 1999, dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, se desprende que el mismo órgano jurisdiccional ordenó la notificación de las partes, y tal circunstancia, es decir, la notificación del co-demandado, hoy accionante, ciudadano Jesús Daniel Ron Carrero, no consta en las actas del proceso por lo que no podía transcurrir en su contra el lapso que la ley otorga a las partes para ejercer los recursos pertinentes. Por lo anteriormente expuesto, el mencionado Tribunal de Primera Instancia actuó de manera incorrecta al dictar un auto el 8 de febrero de 2000, donde se ordenó ejecutar la sentencia. Con tal proceder el mencionado órgano jurisdiccional violentó el derecho constitucional a la defensa y al debido proceso del hoy accionante, contemplados en el artículo 49.1 de la Constitución Nacional, al no darle la oportunidad de conocer la decisión tomada por ese Tribunal y, por ende, no poder ejercer los recursos legales a que hubiera lugar.

CONFIRMA la decisión dictada el 4 de agosto del 2000 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo, de Estabilidad Laboral y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Táchira, mediante la cual declaró con lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Jesús Daniel Ron Carrero, debidamente asistido por el abogado Marino José Silva Barrueta, contra la decisión tomada el 8 de febrero del mismo año, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil y del Tránsito de la misma Circunscripción Judicial.