Sentencia N° 2490 Constitucional TSJ 2001: Nelson Ramón Rodríguez Díaz vs Salvatore Barbato — Acción de amparo constitucional

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia revoca la decisión del Juzgado Superior Primero que declaró inadmisible la acción de amparo interpuesta por Nelson Ramón Rodríguez Díaz. La Sala considera que el Juzgado de Primera Instancia respetó el procedimiento legal y no se observó ninguna violación constitucional en el caso. La acción de amparo fue declarada improcedente in limine, y se ordena remitir el expediente al Juzgado Superior correspondiente.

Como punto previo, debe dejarse claro que la acción de amparo no escapa a la verificación de las condiciones de admisibilidad. Visto que no se opone a ella ninguna de las causales previstas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y que cumple con los requisitos establecidos por el artículo 18 de la misma ley, esta Sala considera que el pronunciamiento del juez a quo en lo atinente a la parte dispositiva, cuando inadmitió la pretensión, no es correcto, ya que al descartar la existencia de violaciones de índole constitucional, se pronunció sobre el fondo de la controversia. Una vez establecido lo anterior, esta Sala observa que el accionante alega en su escrito de amparo como fundamento de su acción, que con la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 11 de abril de 2000, se violentó el derecho constitucional al debido proceso. La Sala considera conveniente aclarar que la garantía constitucional al debido proceso, contemplada en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tiene como finalidad garantizar que el juzgador respete el procedimiento pautado por la ley para la solución de un caso específico, lo que quiere decir que el juzgador tiene que respetar todas las secuencias del procedimiento pautadas por la ley, manteniendo a las partes en una igualdad jurídica. Por lo tanto, sería forzoso pensar que el debido proceso fue concebido por el constituyente como una garantía otorgada a la parte por la cual el juez de la causa está obligado a acoger su pretensión. Se desprende del caso bajo análisis que el Juzgado Cuarto de Primera Instancia respetó el procedimiento contemplado en el Código de Procedieren Civil para conocer como Tribunal de Alzada de la apelación intentada en el procedimiento de oferta real iniciado ante el Juzgado Séptimo de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, San Diego y Naguanagua de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, y que, además, en la sentencia dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, no se observa ninguna violación constitucional.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, el 14 de agosto del 2000, que declaró inadmisible la acción de amparo intentada por el ciudadano Nelson Ramón Rodríguez Díaz, contra la sentencia dictada el 11 de abril del 2000, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo y, en su lugar se declara improcedente, conforme a lo argumentado en la parte motiva de este fallo, y así se declara.