Sentencia N° 249 — Sala Constitucional del TSJ, 2 de marzo de 2004

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió declarar inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Aeropostal Alas de Venezuela C.A. contra actos del Director General Sectorial de Transporte Aéreo. La decisión se fundamenta en que los procedimientos administrativos sancionatorios estaban amparados por un decreto de amnistía administrativa, lo que llevó a la conclusión de que habían cesado las causas que originaron la denuncia de violación de derechos constitucionales. La Sala revocó la decisión anterior de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que había declarado sin lugar la acción de amparo.

La Sala Constitucional, al analizar la competencia para conocer de la presente apelación, observó que la misma fue interpuesta contra la decisión de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, dictada el 17 de julio de 2001. En virtud de las consideraciones expuestas, se determinó que la apelación era procedente. Posteriormente, se constató que el 12 de diciembre de 2001, el abogado de la accionante solicitó el desistimiento de la acción de amparo, fundamentándose en el Decreto Nº 1.446 con Fuerza de Ley de Aviación Civil, que otorgó amnistía administrativa respecto a los procesos sancionatorios iniciados antes del 1º de septiembre de 2001. La Sala, al verificar la existencia de los supuestos necesarios para impartir la homologación requerida, concluyó que el apoderado no contaba con la autorización expresa para desistir, lo que llevó a la decisión de no homologar el desistimiento y declarar inadmisible la acción de amparo.

Por las consideraciones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República, por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por los apoderados judiciales de Aeropostal Alas de Venezuela C.A., contra actos dictados por el Director General Sectorial de Transporte Aéreo del Ministerio de Infraestructura. Se revoca la decisión dictada el 23 de julio de 2001, por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Tribunal de origen.