Sentencia N° 249 Constitucional TSJ 2000: Mercedes Onelia Torres vs Inversiones Torres C.A. — Apelación en materia de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación interpuesta por los apoderados judiciales de la ciudadana Mercedes Onelia Torres contra la decisión del Juzgado Superior que había declarado con lugar la acción de amparo constitucional. La Sala determinó que el accionante no era parte en el juicio donde se dictó la medida de secuestro, lo que vulneró su derecho a la defensa y al debido proceso. Sin embargo, se concluyó que la acción de amparo no era el medio idóneo para restablecer la situación jurídica infringida, ya que existían vías procesales ordinarias que debieron ser agotadas.

Visto lo anterior, esta Sala pasa a decidir la apelación ejercida y a tal efecto observa: El primer alegato esgrimido por los apelantes, es el referente al error en que incurriere el a quo al no ordenar la acumulación de tres (3) acciones de amparo que cursaban en el mismo tribunal, dirigidas a atacar la misma decisión de autos, sólo que ejercido por personas diferentes que se atribuyen la propiedad de los bienes que constituyen el objeto de la medida de secuestro. Sobre este punto, esta Sala observa que el artículo 80 del Código de Procedimiento Civil establece una facultad al juez de ordenar la acumulación de causas que se ventilen en ese mismo Juzgado. Sin embargo, el ejercicio de la misma es potestativo, cuando el referido artículo 80 afirma que podrá a solicitud de parte, ordenar la acumulación, por lo que cualquier pronunciamiento de esta alzada invadiría la independencia del a quo, quien negó la solicitud de acumulación al momento de pronunciar su decisión. Respecto al análisis del fallo apelado, esta Sala debe señalar lo siguiente: Ciertamente, como lo sostiene el a quo, el accionante en amparo no era parte en el juicio donde se decretó la decisión impugnada. Igualmente, observa esta Sala, que de la comparación entre el documento de propiedad y la decisión impugnada, es evidente la identidad entre los bienes afectados por la medida de secuestro. Así, de la comparación del análisis del documento de propiedad, protocolizado por ante la Oficina Subalterna de Registro del Distrito Trujillo del mismo Estado, el día 31 de mayo de 1985, bajo el N° 91, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año 1985, se evidencia la titularidad de la accionante en amparo de los bienes que se identifican en el Capítulo Segundo, Puntos 9, 10, 11, 12 y 13 de la medida de secuestro impugnada. Una vez precisado que el accionante en amparo era propietario de unos bienes y que esos bienes fueron objeto de una medida de secuestro en un juicio donde no formó parte, resta por precisar, si tal como lo sostiene el fallo apelado, la acción de amparo era el único medio breve, sumario e idóneo para lograr el restablecimiento de manera inmediata de los derechos denunciados como conculcados. Al respecto, esta Sala ha determinado que la oposición a las medidas preventivas, consagrada en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, constituye un medio judicial ordinario breve, idóneo y eficaz para lograr la revocatoria, modificación o confirmación de las mismas. En ese contexto, al ser la oposición a la medida cautelar el medio judicial ordinario con que cuenta la parte, ésta debe acudir a esa vía, ya que lo contrario conllevaría a declarar la inadmisibilidad del amparo propuesto, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Ahora bien, en el presente caso no operaría esa causal de inadmisibilidad, toda vez que el accionante en amparo, no era parte en el proceso donde se decretó la medida impugnada, sino que era un tercero ajeno a la relación procesal y la medida cautelar era de secuestro y no de embargo, por lo que no podía ejercer la oposición prevista en los artículos 586 y 602 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la apelación ejercida por el abogado Rafael Maldonado, apoderado judicial de la ciudadana Mercedes Onelia Torres y de la sucesión de María Consuelo Torres de Llavaneras y el abogado Joel Braschi Santos, en su condición de juez agraviante, contra la sentencia del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Trujillo de fecha 13 de agosto de 1999, que declaró con lugar la acción de amparo constitucional ejercida contra la decisión de fecha 22 de junio de 1999, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, del Trabajo y Agrario de esa misma Circunscripción Judicial. En consecuencia, se CONFIRMA el fallo sujeto a apelación. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen.