Sentencia N° 2489 Constitucional TSJ 2001: Alejandro Osorio Piqué — Acción de amparo constitucional interpuesta por Alejandro…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la acción de amparo constitucional interpuesta por Alejandro Osorio Piqué, quien alegó violaciones a sus derechos a la defensa y al debido proceso tras su detención. La Sala determinó que el conflicto de competencia surgido entre el Juzgado Noveno de Primera Instancia y la Corte de Apelaciones debía ser resuelto por la Sala Constitucional, declarando competente a la Corte de Apelaciones para conocer del caso. Finalmente, se ordenó remitir el expediente a la mencionada Corte para su decisión.

Según el artículo 266.7 constitucional es atribución del Tribunal Supremo de Justicia dirimir los conflictos de competencia entre Tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior o común a ellos en el orden jerárquico. Por su parte, el artículo 12 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, establece que: “Los conflictos sobre competencia que se susciten en materia de amparo, entre Tribunales de Primera Instancia, serán decididos por el Superior respectivo, los trámites serán breves y sin incidencias procesales”. En el caso de autos, el conflicto de competencia se presenta entre el Juzgado Noveno de Primera Instancia en función de Control y la Sala nº 2 de la Corte de Apelaciones, ambos del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cuyo efecto el Tribunal competente para resolver el conflicto planteado al no existir un Superior respectivo común, sería la Sala de Casación Penal de este Máximo Tribunal; dado que en esta materia el Código Orgánico Procesal Penal vigente reconoce tal jerarquía. Ahora bien, siendo que esta Sala es la máxima autoridad en materia constitucional, conforme la Carta Magna y según la sentencia dictada por ella el 20 de enero del año 2000 (caso: Emery Mata Millán, expediente nº 00-002) en la cual, al determinar la competencia en materia de amparo constitucional, se declaró competente para conocer de las acciones de amparo que se intenten contra las decisiones de última instancia de las Cortes de Apelaciones así como de las apelaciones y consultas sobre las sentencias de las mencionadas Cortes, al no existir -en materia de amparo constitucional- un Tribunal “Superior respectivo común” a ambos órganos jurisdiccionales, debe acudirse, por vía analógica, a la norma contenida en el artículo 71 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone: “La solicitud de regulación de la competencia se propondrá ante el Juez que se haya pronunciado sobre la competencia, aun en los casos de los artículos 51 y 61, expresándose las razones o fundamentos que se alegan. El Juez remitirá inmediatamente copia de la solicitud al Tribunal Superior de la Circunscripción para que decida la regulación. En los casos del artículo 70, dicha copia se remitirá a la Corte Suprema de Justicia si no hubiere un Tribunal Superior común a ambos jueces en la Circunscripción. De la misma manera procederá cuando la incompetencia sea declarada por un Tribunal Superior [...]” (Subrayado de la Sala). En atención a la norma antes transcrita, y por tratarse en el presente caso, de una acción de amparo constitucional referida a la presunta violación del derecho a la defensa, a la garantía al debido proceso y el de toda persona a ser juzgada en libertad, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia se declara competente para conocer sobre el conflicto de competencia suscitado, y así se decide.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara COMPETENTE a la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, para conocer y decidir la acción de amparo constitucional referida a la presunta violación del derecho a la defensa y de la garantía al debido proceso, interpuesta por el ciudadano Alejandro Osorio Piqué. En consecuencia, se ORDENA remitir el presente expediente a la señalada Corte de Apelaciones, y copia certificada de la presente decisión al Juzgado Noveno de Primera Instancia en función de Control, ambos del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Ofíciese lo conducente. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.