Sentencia N° 2487 Constitucional TSJ 2001: ALFONSO NÚÑEZ, ARSENIO SIVANE FERREIRO… vs Armando Dos Reis — Acción de amparo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declara sin lugar la apelación interpuesta por los demandantes contra la sentencia del Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo, que había declarado inadmisible la acción de amparo constitucional. La Sala fundamenta su decisión en que la acción fue interpuesta fuera del plazo legal de seis meses establecido por la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo que conlleva a la caducidad de la misma. Se confirma la decisión apelada y se ordena la notificación correspondiente.

Determinada la competencia de esta Sala para conocer de la presente apelación, corresponde pronunciarse sobre la misma. A tal efecto, observa: La acción de amparo que dio origen al presente recurso de apelación se interpuso contra la decisión de fecha 18 de diciembre de 1996, dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, mediante el cual se declaró con lugar el recurso de nulidad interpuesto por la abogado Mernodys del Carmen Ydrogo, actuando con el carácter de apoderada judicial del ciudadano Armando Dos Reis, Director de la firma Inversiones Cabral C.A., contra la Resolución nº 3510 del 22 de diciembre de 1994, emanada de la Dirección General Sectorial de Inquilinato del entonces Ministerio de Fomento, en la cual se había fijado canon de arrendamiento en los inmuebles denominados Edificios “Cibeles” y “Embajadores”. Por su parte, el a quo declaró inadmisible la presente acción de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por considerar que la decisión judicial accionada en amparo fue dictada el dieciocho (18) de diciembre de 1996, y la interposición de la acción de amparo se produjo el 20 de octubre de 1997, esto es, cuando ya habían transcurrido los seis (6) meses a que se refiere la norma, para que el agraviado ejerciera tempestivamente su acción. Ahora bien, el referido artículo 6, numeral 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone: “Artículo 6: No se admitirá la acción de amparo: (omissis) 4. Cuando la acción u omisión, el acto o resolución que violen el derecho o la garantía constitucionales hayan sido consentidos expresa o tácitamente por el agraviado, a menos que se trate de violaciones que infrinjan el orden público o las buenas costumbres. Se entenderá que hay consentimiento expreso, cuando hubieren transcurrido los lapsos de prescripción establecidos en leyes especiales o en su defecto seis (6) meses después de la violación o la amenaza al derecho protegido. El consentimiento tácito es aquel que entraña signos inequívocos de aceptación" (Subrayado de la Sala). La disposición antes transcrita establece como presupuesto de admisibilidad para el estudio y trámite de la acción en el juicio de amparo constitucional, que la misma sea incoada dentro de los seis meses después de la pretendida violación, por lo que, transcurrido dicho lapso será inadmisible la acción, por mandato de la norma arriba citada.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación por la abogada Lilia Josefina Petit, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos ALFONSO NÚÑEZ, ARSENIO SIVANE FERREIRO, DOLORES LINARES DE FERMOSO, JOSÉ HERRERA, PURIFICACIÓN RODRÍGUEZ, AGUSTÍN GONCALVES, AMPARO JARQUE DE DÁVILA, DANIEL FIGUEIRA GONCALVEZ, TERESA LÓPEZ, ELENA GONZÁLEZ BURGOS, ASUNCIÓN OBENZA OTERO, MARÍA DOLORES GARCÍA DE BRICEÑO, JOSÉ ORTIZ GUERRA, ANA MARÍA URRUTEGUI ARRANZ, OSCAR SÁNCHEZ AZORIN y ORQUÍDEA AZORIN de SÁNCHEZ, y en representación de los ciudadanos JORGE JOAQUÍN VÁZQUEZ SANTIAGO y ROSA MARÍA BOTELLA DE PÉREZ, contra la sentencia dictada el 18 de diciembre de 1996, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital; sentencia que se CONFIRMA mediante el presente fallo. Publíquese, regístrese, notifíquese y remítase copia certificada de la presente decisión a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, a los fines de que sea agregada al expediente respectivo.