Sentencia N° 2483 Constitucional TSJ 2001: Banco del Caribe, C.A. Banco Universal y… vs Román Hornero Escandón, Raúl Gerardo…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la apelación interpuesta por los apoderados de las instituciones financieras contra la decisión del Juzgado Superior que declaró sin lugar la acción de amparo. La Sala consideró que la medida de prohibición de enajenar y gravar dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia no vulneró los derechos constitucionales alegados por los accionantes, ya que el acto judicial fue dictado dentro del ámbito de competencia del juez. Además, se determinó que la acción de amparo era improcedente, dado que los accionantes no habían agotado los mecanismos procesales ordinarios para salvaguardar sus derechos.

Para decidir la Sala considera lo siguiente: En su solicitud el representante judicial de los accionantes denunció que la decisión del 3 de febrero de 2000, dictada por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se decretó medida de prohibición de enajenar y gravar sobre un inmueble constituido por un sótano distinguido con el nº 2 de la planta denominada semi-sótano del edificio “Doral”, ubicado en la cuarta avenida de la urbanización Los Palos Grandes, Municipio Chacao del Estado Miranda, en el juicio por cumplimiento de contrato interpuesto por el ciudadano Román Hornero Escandón contra los ciudadanos Raúl Gerardo Ramírez Ortega y Eduardo José Ramírez Ortega, lesionó los derechos constitucionales de su representada relativos a la propiedad, a la defensa, al debido proceso, al acceso a la justicia y a la libertad económica consagrados en los artículo 26, 49, 112 y 115 de la Constitución, por ser propiedad de su representada el inmueble sobre el cual recayó la medida preventiva. También puntualizó, que su representada no es parte de la relación procesal en la cual se dictó la cautela impugnada. El tribunal que conoció en primera instancia la acción de amparo, declaró sin lugar la misma, por considerar que el acto judicial atacado fue dictado dentro de ámbito de la competencia funcional del juez y por tanto no vulneró los derechos y garantías constitucionales que los solicitantes alegan infringidos. Ahora bien, la Sala considera que al constituir el acto accionado una decisión judicial, es menester determinar si la acción de amparo es admisible; en tal sentido Sala considera lo siguiente: El artículo 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, dispone: “Artículo 4. Igualmente procede la acción de amparo cuando un Tribunal de la República, actuando fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional. En estos casos, la acción de amparo debe interponerse por ante un Tribunal Superior al que emitió el pronunciamiento, quien decidirá en forma breve, sumaria y efectiva”. La norma antes transcrita ha sido interpretada por esta Sala, de manera reiterada, conforme a lo decidido en su sentencia n° 1019 del 11 de agosto de 2000, cuyo texto pertinente es como sigue: “...para que proceda la acción de amparo contra actos jurisdiccionales deben concurrir las siguientes circunstancias: (i) que el juez que emanó el acto presuntamente lesivo haya incurrido en una grave usurpación de funciones o abuso de poder (incompetencia sustancial); aunado a ello, (ii) que tal proceder ocasione la violación de un derecho constitucional (acto inconstitucional), lo que implica que no es recurrible por amparo aquella decisión que simplemente desfavorece a un determinado sujeto procesal; y, finalmente, como requisito adicional (iii) que se hayan agotado todos los mecanismos procesales existentes, o que los mismos resulten inidóneos para restituir o salvaguardar el derecho lesionado o amenazado.

Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Constitucional, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación ejercida por el apoderado judicial de Banco del Caribe, C.A. Banco Universal y Banco de la Gente Emprendedora, C.A. (BANGENTE), en consecuencia se REVOCA la sentencia dictada el 21 de mayo de 2001, por el Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, y se declara IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional interpuesta por las sociedades mercantiles BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL y BANCO DE LA GENTE EMPRENDEDORA (BANGENTE), C.A., contra la medida de prohibición de enajenar y gravar recaída sobre el inmueble constituido por el sótano distinguido con el nº 2 de la planta denominada semi-sótano del edificio “Doral”, ubicado en la cuarta avenida de la urbanización Los Palos Grandes, Municipio Chacao del Estado Miranda, dictada del 3 de febrero de 2000, por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en el juicio por cumplimiento de contrato interpuesto por el ciudadano Román Hornero Escandón contra los ciudadanos Raúl Gerardo Ramírez Ortega y Eduardo José Ramírez Ortega.