Sentencia N° 2446 Constitucional TSJ 2001: Pedro Amaro López vs Dra. Lizet Pérez Terán — Anulación de decisión de inadmisibilidad…

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia anula la decisión del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo que declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por Pedro Amaro López. La Sala considera que el Juzgado Superior erró en su apreciación, ya que el accionante buscaba que se ordenara la remisión del expediente al Juzgado Superior para que se tramitara la apelación. La Sala determina que existen recursos legales preestablecidos para impugnar la decisión y que la acción de amparo era procedente.

El accionante en su escrito indicó que el 10 de julio de 2000, el Juzgado Primero de Primera Instancia admitió, en forma contradictoria y con una manifiesta incongruencia jurídica, la acción de amparo constitucional que contenía las denuncias de violación de los derechos y garantías constitucionales infringidos por el Juez Cuarto del Municipio Iribarren (consta en actas auto de admisión dictado el 6 de julio de 2000); y que, por auto de esa misma fecha 10 de julio de 2000, la referida Juez de Primera Instancia negó la medida de amparo sin solicitar el informe correspondiente a la parte agraviante y sin celebrar la audiencia constitucional. Al respecto, vale decir que cuando se admite la acción de amparo constitucional no es necesario hacer un análisis previo de las violaciones alegadas por el accionante, ya que ello implicaría un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, materia a discutir en la audiencia constitucional. La admisión de la acción de amparo está sujeta: a) a la relación entre lo denunciado y las violaciones de orden constitucional alegadas; b) a que la acción no esté incursa en alguna de las causales de inadmisibilidad contempladas en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y c) a que el escrito cumpla con los extremos exigidos en el artículo 18 eiusdem. En cuanto al alegato de que la Juez negó la medida sin solicitar el informe de la parte agraviante y sin que se haya producido la audiencia constitucional, la Sala observa que las medidas cautelares en sede constitucional son de la incumbencia discrecional del Juez, quien las acuerda o niega sin necesidad de atenerse estrictamente a las exigencias de la jurisdicción ordinaria, dado el carácter célere de la tutela invocada, conforme a los artículos 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

ANULA la decisión dictada el 28 de agosto de 2000 por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro- Occidental, la cual declaró inadmisible la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Pedro Amaro López, contra la Dra. Lizet Pérez Terán, Juez Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara y, REPONE la causa al estado de que dicho Juzgado Superior se pronuncie nuevamente sobre la admisibilidad de la tutela constitucional invocada.